La sala constitucional admitió el amparo presentado por la expresidenta. El Congreso debe responder la demanda en diez días hábiles.

El Poder Judicial aceptó revisar la vacancia presidencial de Dina Boluarte. La Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite el amparo que presentó su defensa legal. El Congreso había aprobado esa vacancia el 10 de octubre. Ahora, la audiencia única se realizará el 12 de marzo de 2026. Igualmente, el tribunal ordenó al procurador del Congreso contestar en diez días.

La competencia de la sala constitucional

La sala fundamentó su decisión en el Código Procesal Constitucional. Específicamente, citó el artículo 42 de esa norma. Este artículo faculta a las salas superiores a conocer amparos contra decisiones del Congreso. No obstante, solo aplica cuando esas decisiones ocurren dentro de procedimientos parlamentarios. La audiencia comenzará a las 9 de la mañana. Las partes deberán conectarse al enlace virtual bajo su responsabilidad.

El procurador del Congreso tiene un plazo breve para responder. Posteriormente, el expediente seguirá su trámite hasta la audiencia. En otras palabras, el caso no se resolverá hasta dentro de más de un año.

Violación del derecho a la defensa

Joseph Campos, abogado de Boluarte, detalló las razones del amparo. Habló con RPP el 24 de noviembre pasado. Según su versión, el Congreso vulneró garantías constitucionales fundamentales. El Parlamento citó a su defendida con muy poco tiempo de anticipación. Por lo tanto, Boluarte no pudo preparar una defensa adecuada.

«Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada», afirmó Campos. El letrado cuestionó la premura del proceso. También criticó el horario nocturno del debate. La población no pudo seguir el proceso con transparencia. En consecuencia, aconsejó a Boluarte no presentarse al Congreso. Consideró que asistir significaba aceptar una «indefensión material».

Evitar vacancias sin garantías procesales

El abogado explicó los dos objetivos principales del amparo. Primero, busca que no se repitan las «vacancias exprés» en el futuro. Estas vacancias vulneran derechos fundamentales de los presidentes. Segundo, pretende eliminar la calificación de incapacidad moral permanente del proceso.

Campos señaló una contradicción grave en el sistema. Las condenas penales tienen plazos definidos. Una persona recupera sus derechos al cumplir su sanción. Sin embargo, la incapacidad moral permanente no tiene límite temporal. «Es permanente hasta que me muera», enfatizó el abogado.

Por esta razón, la demanda solicita retirar esa calificación a Boluarte. El argumento central es claro: no se respetó su derecho a la defensa. El proceso violó tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, Campos insistió en que se busca «normalizar» el uso de la figura de vacancia presidencial.

La ejecución de un megaoperativo policial en Lima y el Callao ha puesto nuevamente en el centro del debate a la Policía Nacional del Perú (PNP), tras revelarse un presunto retraso en las diligencias que habría favorecido la fuga del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. El funcionario se encuentra actualmente no habido, pese a que existe una orden judicial de 15 días de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación fiscal denominada ‘Los Socios del Callao’.

De acuerdo con el documento judicial, la notificación de la medida restrictiva de libertad se realizó el pasado 9 de diciembre, fecha en la que la PNP debió ser alertada de manera inmediata para proceder con la ubicación y detención del investigado. Sin embargo, el operativo recién se concretó la madrugada del lunes 15 de diciembre, generando dudas sobre la eficacia y oportunidad de la intervención policial.

El general Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, explicó que la resolución judicial de allanamiento y detención preliminar fue obtenida hace cuatro días y que, tras ello, se activaron los protocolos correspondientes. Según detalló, las coordinaciones con el Ministerio Público y la formulación del plan de operaciones tomaron varios días debido a una estrategia definida para ejecutar el operativo de domingo a lunes.

“Cuando conocemos de la resolución judicial, activamos al órgano de inteligencia y formulamos nuestro plan de operaciones. Con el fiscal se acordó que la intervención se realice por una estrategia de domingo para lunes”, declaró Lira ante la prensa.

No obstante, el propio jefe policial reconoció que el requerimiento de allanamiento al domicilio de Castillo se presentó hace más de 15 días. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron una vivienda en plena remodelación, sin cortinas y sin rastro alguno del gobernador chalaco. Según información policial, los trabajos en el inmueble habrían comenzado apenas tres días antes del operativo, lo que incrementa las sospechas sobre una posible advertencia previa.

Consultado sobre una eventual filtración de información desde la institución policial, Lira negó categóricamente dicha posibilidad. “La Policía jamás filtraría información porque somos los principales interesados en capturar a los investigados”, enfatizó. Sin embargo, admitió que una fuga de información podría haberse producido desde otras entidades que también tienen acceso a las resoluciones judiciales.

Como antecedente, el general recordó un reciente operativo en Ucayali, donde solo se logró capturar a cuatro de once investigados. En ese caso, se hallaron en los teléfonos de los prófugos copias de las resoluciones judiciales poco después de ser emitidas, lo que evidenciaría fallas en la cadena de confidencialidad.

Las dudas se intensifican al compararse este caso con el de Óscar Acuña, hermano del líder de APP, César Acuña, quien tampoco fue hallado durante un allanamiento por el caso Qali Warma, pese a contar con una orden de detención preliminar.

El megaoperativo por el caso “Los Socios del Callao” se ejecuta de manera simultánea en al menos cinco zonas de Lima Metropolitana y el Callao, incluyendo La Molina, San Juan de Lurigancho, el Cercado de Lima y el cono norte. En total, se desplegaron 160 efectivos policiales junto a 40 fiscales.

La investigación señala a Ciro Castillo como presunto líder de una organización criminal que habría generado un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 1,461,121.10. Según la PNP, las diligencias culminarán pasadas las 6:00 p. m. de este 15 de diciembre. Finalmente, la autoridad policial confirmó que el gobernador regional no ha salido del país, por lo que su ubicación continúa siendo prioridad para las fuerzas del orden.