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Trabajadores de Pretoperú rechazan declaraciones de ProInversión sobre capacidad técnica

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Trabajadores de Pretoperú rechazan declaraciones de ProInversión sobre capacidad técnica


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STAPP rechaza entrega «exprés» de la Refinería de Talara y exige respeto a la capacidad técnica del personal

En un contexto de alta tensión para el sector energético nacional, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) emitió un contundente comunicado rechazando la hoja de ruta planteada por ProInversión. La controversia surge a raíz del anuncio de ceder la gestión de la Refinería de Talara al sector privado con una fecha límite fijada para junio de 2026. El gremio advierte que la premura en este proceso compromete decisiones estratégicas y podría acarrear graves consecuencias económicas para el Estado.

El sindicato cuestiona la intención de convertir a Talara en el primer «bloque patrimonial» bajo gestión privada (mediante APP o gerencia externa) en un plazo tan corto, amparándose en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Para el STAPP, la velocidad que se pretende imprimir al proceso prioriza la urgencia coyuntural sobre el sustento técnico verificable y la gobernanza sólida que requiere el principal activo industrial del país.

Defensa del capital humano y rechazo a descalificaciones

Uno de los puntos más álgidos del pronunciamiento es la respuesta a Luis Del Carpio, Director Ejecutivo de ProInversión. El funcionario había cuestionado públicamente la capacidad de la estatal para manejar la moderna planta, utilizando la analogía de tener un «Lamborghini» sin saber conducirlo.

El STAPP calificó estas expresiones como una descalificación inaceptable. Aseguran que el personal de Petroperú ha sido rigurosamente capacitado para operar la nueva refinería bajo estándares internacionales de seguridad y desempeño.

«La solución a los problemas de la empresa no pasa por estigmatizar a sus trabajadores, sino por sanear, ordenar y fortalecer la gestión con criterios profesionales», enfatizó el gremio en su comunicado.

Riesgos de fragmentación y el fantasma del Gasoducto

La estrategia gubernamental, según lo difundido, contemplaría también la inclusión de activos como los lotes del noroeste (Z-69 y 192) en fideicomisos privados, facilitando una integración vertical para los operadores entrantes. Simultáneamente, se alerta sobre la asunción de nueva deuda internacional sin aval del Estado.

El sindicato advierte que esta combinación de fragmentación acelerada y apalancamiento financiero eleva el riesgo de controversias legales y costos hundidos. Como precedente, citaron el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y el litigio con Enagás, recordando que el país ya conoce el costo de los arbitrajes internacionales y el mantenimiento de infraestructura paralizada.

«Talara no puede exponerse a un esquema que termine generando nuevos costos hundidos, arbitrajes o traslados de riesgo al Estado peruano», sentencia el documento.

Exigencias: Saneamiento y transparencia

Antes de proceder con cualquier cesión, el STAPP exige un saneamiento real de Petroperú, basado en la meritocracia, la trazabilidad de decisiones y el blindaje contra la injerencia política, citando como ejemplo el modelo de gobierno corporativo de Ecopetrol en Colombia.

Entre sus demandas específicas, el sindicato solicita:

  • Una rectificación pública por las expresiones que descalifican al personal.
  • La presentación de un informe técnico integral (legal, financiero y ambiental) previo a cualquier decisión.
  • Garantías de transparencia sobre la hoja de ruta y el reparto de riesgos con el operador privado.
  • Un diálogo formal con las organizaciones laborales.

El gremio reafirmó que se mantendrá vigilante en la defensa de los activos estratégicos, subrayando que «hacer rápido no es sinónimo de hacer bien» cuando está en juego la seguridad energética y el patrimonio de todos los peruanos.



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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima

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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima


En una medida de protesta sin precedentes, el alcalde del distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi (Cusco), Juvenal Humpire, llegó a Lima junto a otros seis alcaldes de la región Cusco para exigir al Gobierno Central la asignación de recursos que permitan culminar importantes obras de infraestructura de salud.

Los siete burgomaestres representan a municipios cuyos proyectos forman parte del Programa Plan Mil, una iniciativa impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, para construir y mejorar establecimientos de salud en distintos distritos y provincias del país. Sin embargo, denuncian que varias de estas obras, pese a encontrarse en ejecución, no fueron consideradas con el presupuesto necesario para su culminación.

Como medida de protesta, los alcaldes de provincias como Anta, Acomayo, Paruro y Quispicanchi decidieron encadenarse en instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República y diversos ministerios, con el objetivo de ser escuchados y lograr la asignación de recursos mediante el próximo crédito suplementario.

«Nuestro centro de salud registra un avance del 70 % de ejecución, pero el presupuesto asignado no alcanza para concluir la obra. Necesitamos recursos adicionales para ejecutar el 30 % restante. Si no se aprueba este financiamiento, el proyecto quedará paralizado», manifestó el alcalde Juvenal Humpire.

El burgomaestre expresó su indignación al señalar que las autoridades del Gobierno les aseguraron que los proyectos en continuidad serían priorizados. Sin embargo, sostuvo que en la Ley de Presupuesto se incluyeron nuevos proyectos, mientras varias obras del Plan Mil quedaron sin el financiamiento requerido.

«Somos 17 alcaldes que integramos el Programa Plan Mil de la región cusco y, en esta oportunidad, siete hemos venido a Lima para alzar nuestra voz de protesta. Solo mediante esta medida radical esperamos que el Gobierno Central escuche nuestro pedido. Si no nos asignan el presupuesto en este crédito suplementario, nuestras obras quedarán paralizadas y se generará un grave problema para la población», afirmó.

El nuevo Centro de Salud de Huaro y de los demás distritos beneficiará a cerca de 100 mil habitantes de Huaro y distritos vecinos. La moderna infraestructura permitirá brindar atención médica oportuna y de calidad a miles de niños, adultos mayores y familias que durante décadas han esperado este proyecto.

«Han pasado más de 50 años y nuestro distrito sigue esperando un establecimiento de salud digno. El antiguo centro de salud ya colapsó y hoy, en medio del intenso friaje que afecta a nuestra población, necesitamos culminar esta obra con urgencia. La salud debe ser una prioridad. Gracias a Dios seguimos firmes en esta lucha porque nuestros pueblos no pueden seguir esperando», concluyó el alcalde Juvenal Humpire.



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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –

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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –


La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó que la circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660.

La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.

La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.

La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.

La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.

La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.



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