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Un mal incansable: la cuarta vez de Keiko Fujimori
Keiko Fujimori ejerció como primera dama durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori., luego de que este se separara formalmente de su exesposa Susana Higuchi. Así, se convirtió en la primera dama más joven del Perú y Latinoamérica. El 2006, ejerció su primer rol parlamentario al postularse por Alianza para el Futuro al congreso y ganar con más de seiscientos mil votos, lo cual la convirtió en la congresista más votada. El 2008, Keiko anunció la creación de un nuevo partido político: Fuerza 2011. Es importante recalcar que en su periodo parlamentario entre el 2006 y el 2011, Keiko tuvo quinientos días de ausencia, es decir faltó casi año y medio completo a sus funciones parlamentarias. En lo que respecta a su producción legislativa, Keiko presentó alrededor de veinte proyectos de ley.
El 2011, Keiko se postuló a la presidencia por primera vez y lo hizo con su partido inscrito Fuerza 2011. Perdió contra Ollanta Humala, que se postuló con el Partido Nacionalista. La diferencia entre ambos fue de más de cuatrocientos mil votos. Después de aquella derrota, Keiko Fujimori decidió cambiar el nombre del partido de Fuerza 2011 a Fuerza Popular. Su intención era lograr que sea una organización política que perdure en el tiempo. El 2015, anunció que postularía nuevamente a la presidencia y así sucedió el 2016. Perdió por segunda vez, en esta oportunidad, se enfrentó en las urnas contra Pedro Pablo Kuczynski. Este último recibió el apoyo de la izquierda para llegar al poder. PPK ganó con una diferencia muy ajustada: un poco más de cuarenta mil votos.
Desde el inicio del gobierno de PPK, Fuerza Popular se encargó de hacerlo lo más inestable posible. No había transcurrido ni medio año de gobierno y Fuerza Popular presentó una moción de censura contra el entonces ministro de educación Jaime Saavedra. Al final, tanto el fujimorismo como el Apra censuraron a Saavedra con setenta y ocho votos. Saavedra en ese momento tenía más del setenta por ciento de aprobación por los peruanos y su abrupta salida originó que diversos colectivos ciudadanos se movilizaran bajo el lema «la educación se respeta». Al año siguiente, Fuerza Popular presentó el primer proceso de vacancia contra PPK. Si bien no fue aceptado ni se consiguieron los votos, a inicios de 2018, PPK fue obligado a renunciar, pues de otro modo el Congreso lo iba a vacar. Fuerza Popular había ganado nuevamente.
El 2021, Keiko Fujimori decidió postular por tercera vez. Ya había estado en prisión en tres oportunidades y había salido después de poco tiempo gracias a su defensa legal. En esta oportunidad, se enfrentaba a un escenario absolutamente polarizado. La izquierda progresista había perdido fuerza y un sector sin ideología que provenía del interior del país cobraba relevancia con la figura de Pedro Castillo Terrones a la cabeza. Finalmente, Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta con Castillo y luego de una tensa elección, Castillo triunfó. Fujimori había perdido por cuarta vez. Eso no impidió que desde el congreso Fuerza Popular, así como hizo con PPK, impulsara la vacancia de Castillo desde el parlamento. El fujimorismo realizó esa labor de la mano de Renovación Popular y Avanza País.
Es importante mencionar que Castillo tampoco hizo los méritos para gobernar con una ancha base. Todo lo contrario, en algunos ministerios como el de Transportes, designó a personajes como Juan Silva que sin ninguna experiencia en el sector intentaron hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Silva prometió desactivar la Autoridad de Transporte Urbano, pero como no pudo lograrlo, sostuvo que sacaría del cargo de presidenta ejecutiva a María Jara, una servidora pública de carrera. Y lo que rebalsó el vaso fue el intento de golpe de estado que quiso hacer en diciembre de 2022.
Este 2025, el fujimorista Ernesto Bustamante ya anunció que Keiko Fujimori será la candidata presidencial de Fuerza Popular en abril de 2026. Será la cuarta elección general en la que la hija del expresidente de los noventas se presentará. Si bien es cierto que el caso «Cócteles» se ha suspendido por el Tribunal Constitucional. Y era un caso importante, pues se refería a las formas que usó Keiko Fujimori en su anterior campaña presidencial para no declarar los dineros que ingresaban y afirmar que aquellos aportes eran producto de actividades de recaudación de fondos. Claramente, hoy sabemos que el dinero ingresado fue de empresas privadas y no de las actividades que el partido político afirmó, pero eso solo configura una falta administrativa para el periodo en que transcurrió y no un delito. Por ello, es cierto que Keiko se postulará sin una carga judicial menos, pero todavía con otras sombras del pasado: los personajes de la dictadura fujimorista que la continúan acompañando y su defensa férrea a un violador de derechos humanos como fue su padre.
Keiko es consciente que esta candidatura, además, será más complicada. Hay otros personajes de alta preferencia por la derecha como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Espá, etc. que serán su competencia directa. Lo más probable es que Keiko no gane y acabe enterrada políticamente, pero como en democracia es válido participar, así será. Unos meses más y su sueño de ser presidenta del Perú no será más que una efímero recuerdo.
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ROBERTO SÁNCHEZ RECHAZA DENUNCIAS CONTRA MOVILIZACIÓN Y EXIGE JUSTICIA ELECTORAL EN MARCHA POPULAR
El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó este viernes las acciones emprendidas contra dirigentes y ciudadanos que participan en las movilizaciones convocadas para exigir transparencia electoral, al considerar que se estaría vulnerando el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación democrática.
Antes de dirigirse a la marcha ciudadana convocada en defensa del voto, Sánchez informó que durante la mañana sostuvo una reunión con el alto mando de la Policía Nacional para explicar el carácter pacífico de la movilización. Sin embargo, expresó su preocupación por la presunta apertura de denuncias penales contra algunos líderes sociales y políticos vinculados a las protestas.
“Estamos ejerciendo un derecho democrático. No puede calificarse como una grave perturbación una movilización que ha sido organizada y promovida de manera pacífica”, señaló.
El dirigente también cuestionó que se pretenda restringir o deslegitimar las manifestaciones ciudadanas mediante documentos que, según afirmó, consideran ilegal la protesta social. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa una situación que pone en riesgo principios fundamentales de la democracia.
“Lo que estamos reclamando es justicia electoral y transparencia. El pueblo tiene derecho a expresarse y exigir que se respeten las reglas democráticas”, manifestó.
Sánchez indicó además que continúan las acciones legales para impugnar diversos aspectos del proceso electoral. Entre ellos, mencionó observaciones relacionadas con el desarrollo de la votación en oficinas consulares y los cambios normativos que, según denunció, fueron aplicados entre la primera y la segunda vuelta electoral.
Afirmó que dichas modificaciones afectaron la seguridad jurídica y la confianza en el proceso, especialmente en lo referido al voto de los peruanos residentes en el extranjero.
“El voto de los peruanos se respeta, dentro y fuera del país. No pueden cambiarse las reglas en pleno proceso electoral porque eso afecta la legitimidad y la transparencia”, sostuvo.
Asimismo, informó que en las próximas horas presentarán nuevos recursos legales con el objetivo de que las autoridades electorales revisen los cuestionamientos planteados. También criticó los elevados costos procesales exigidos para acceder a determinadas instancias judiciales en materia electoral.
Finalmente, Sánchez ratificó que las movilizaciones continuarán dentro del marco constitucional y aseguró que permanecerán vigilantes hasta que se garanticen condiciones de transparencia y respeto a la voluntad popular.
“Seguiremos defendiendo la libertad del pueblo peruano y agotando todas las vías del debido proceso. Queremos que se respete el voto de todos y que prevalezca la democracia con transparencia”, concluyó ante los asistentes que participaron en la concentración ciudadana.
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PUNO ES LA TERCERA REGIÓN CON MÁS POBREZA EN EL PAÍS PESE A LIGERA BAJA EN 2025
El IPE advierte que la región alberga a 80 mil personas más en situación de vulnerabilidad respecto a la prepandemia.
La pobreza en Puno bajó al 37.5 % en 2025, lo que significa que unas 36 000 personas salieron de esta condición en el último año. Según el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), basándose en datos del INEI, la región sigue siendo la tercera más pobre del Perú, solo detrás de Cajamarca (41.0 %) y Loreto (40.1 %). La recuperación todavía no es completa, ya que la cifra actual supera el 34.7 % del año 2019, dejando un preocupante cambio respecto a la concentración del problema. “La pobreza es predominantemente urbana al 2025: el 61.6 % de los pobres reside en ciudades, frente al 46.1 % en 2019”, indicó el IPE. Esto significa que hay 130 mil nuevos pobres viviendo en las ciudades de la región.
Aunque la economía local creció 2.3 % por el empuje de la construcción y el transporte, mejorando los sueldos en 15.9 %, el golpe al campo frenó un alivio mayor. El sector agropecuario, que da trabajo al 40 % de la población, cayó 6.4 %. Además, la pobreza extrema afectó al 11.7 % de los puneños, quienes viven con menos de S/230 al mes. A esto se sumó la informalidad laboral, que alcanzó un altísimo 87.6 %.
Pensando en las elecciones, el IPE señaló que reanimar la inversión es urgente, asegurando: “Para una región donde el 73 % de la población es pobre o vulnerable, generar un entorno favorable a la inversión en sectores como la agroindustria, la minería responsable, y el turismo, junto con inversión pública focalizada en servicios básicos, no es una opción sino una necesidad”.
Fuente: IPE
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