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Vacunación de Vizcarra es “un abuso de poder”
Colegio médico cuestionó la falta de ética y aprovechamiento del expresidente
El doctor Raúl Urquizo, asesor del Colegio Médico del Perú (CMP), lamentó que el expresidente Martín Vizcarra haya recibido la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer de acuerdo con el cronograma de inoculación del Ministerio de Salud, pese a que en octubre de 2020 recibió dos dosis del laboratorio chino Sinopharm.
“Es inconcebible, abusando del poder, puedan vacunarse fuera del calendario y encima quitando vacunas cuando la población está necesitando urgentemente que lleguen más personas vacunadas con sus dos dosis. Yo creo que esto es un abuso de poder, que hayan usado esta deficiencia del Ministerio de Salud, pero esto va por una cuestión ética”, señaló a RPP.
El representante del CMP descartó, no obstante, que esta situación pueda haber despertado dudas sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm que fue aplicada al expresidente en octubre pasado, y que fue la misma que recibió por aquel entonces el personal de salud de primera línea.
Según explicó Urquizo, la demanda actual del CMP es que los integrantes de este gremio tengan “por lo menos el 95% de protección, en especial el personal que están en Cuidados Intensivos y en Emergencias”.
EL ESCÁNDALO
Como se recuerda, en febrero de este año, el exmandatario confirmó haber recibido las dosis contra la COVID-19 y aseguró haber sido voluntario del ensayo clínico del laboratorio Sinopharm, lo cual fue rechazado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
A mediados de abril, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar políticamente por 10 años a Martín Vizcarra debido a esta vacunación irregular.
Pese a ello, este fin de semana el expresidente publicó una foto tras recibir una nueva vacuna contra la covid-19 en un vacunatorio de San Isidro, generando un masivo rechazo.
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ELEGIR INFORMADOS Y FRENAR LOS DISCURSOS DE ODIO FORTALECE LA DEMOCRACIA
Según Forbes, el 55 % de la población estuvo expuesta a contenidos engañosos en plataformas digitales.
Las noticias falsas y los discursos de odio, muchas veces amplificados con herramientas de inteligencia artificial, están aumentando la desconfianza en los procesos electorales y profundizando la confrontación política. En ese contexto, el miembro del Comité de Fact Checking del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jeanmarco Vila Solano, señaló que los bulos no solo perjudican a candidatos y organizaciones políticas, sino también a las propias instituciones electorales. “La desinformación electoral crea controversias, polarización, desunión, escepticismo, miedo, manipulación e incluso se evidencian actos de violencia, pero lo más preocupante para nosotros, desde los organismos electorales, es que disminuye la participación ciudadana y también genera desconfianza”, advirtió.
Por otro lado, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, enfatizó que “la normalización del insulto, la deshumanización y el desprecio dificulta cualquier intento posterior de diálogo, consenso o gobernabilidad”. Asimismo, remarcó que “el discurso de odio puede movilizar adhesiones de corto plazo, pero deja una sociedad más fragmentada, desconfiada y polarizada”.
Ante este panorama, proyectos de alfabetización digital como Up for Democracy recomiendan incorporar hábitos de verificación antes de compartir contenidos, revisando la confiabilidad de las fuentes y comprobando que no se trate de una web falsa haciéndose pasar por una legítima. También sugieren contrastar la información con medios de comunicación y plataformas verificadas, utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes y evitar reaccionar únicamente a titulares alarmistas o publicaciones que apelan al miedo y la confrontación.
Fuente: InfoActiva
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IPE: «EL MITO DEL EJECUTIVO QUE NO HACE DAÑO»
“Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que el Poder Ejecutivo mantiene herramientas clave para influir en la economía, la seguridad, el empleo y los servicios públicos, incluso sin mayoría en el Congreso.
El Ejecutivo define la ejecución del presupuesto, lidera las estrategias de seguridad, establece regulaciones laborales y diseña políticas sociales, tributarias y de inversión. Sin embargo, en los últimos años se han evidenciado problemas como el deterioro fiscal, la alta rotación de autoridades, trabas a la inversión y respuestas poco efectivas frente a distintas crisis”, indicó el IPE.
Fuente: Instituto Peruano de Economía
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