Por: Abraham Rivas Lombardi

… y José Pedro Castillo Terrones ejecutaba por la fuerza la disolución del Congreso y la “reorganización” del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia?… Me hice esta pregunta hace unos pocos días, tras advertir el rápido alineamiento de la izquierda latinoamericana con la grosera posverdad creada sobre el golpe de Estado de Castillo del pasado 07 de Diciembre. Ni una línea de la ruptura del orden constitucional del Perú, nada del antidemocrático intento de cierre del Parlamento y de los Poderes Públicos constituidos.

En palabras de los adláteres de la posverdad Petro (¿Qué pasó Colombia?) y López Obrador (¡Pobre México!) en el Perú no hubo un golpe de Estado, sino una confabulación de la malvada derecha para obligar al incauto profesor-campesino José Pedro a pisar el palito de la disolución; tesis en la que los acompañaron el presidente de Bolivia (¿Arce?, ¿Evo?) y el compinche de los Kirchner, Fernández. En términos coloquiales fue una travesura del buen Pedrito. Por supuesto, que estos  cuatro gallos declararon que siguen considerando a Castillo como presidente del Perú, violando flagrantemente la Doctrina Calvo y la Doctrina Estrada, pilares del principio de no intervención en los asuntos internos de otro país. Nunca olvidemos esta canallada.

Respondamos entonces la pregunta que motiva esta opinión.

Previsiblemente, la OEA se reuniría, expresaría su preocupación por los sucesos en Perú y enviaría una delegación encabezada por su tórrido Secretario General Almagro que evaluaría los acontecimientos y verificaría si el “gobierno de emergencia excepcional” de Castillo estaba en control de la situación. Luego, aprovechando la mayoría izquierdista en la Asamblea General, la OEA recomendaría como “fórmula de salida” a la crisis institucional celebrar elecciones para una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución. Todos contentos, Castillo y sus aliados (Cerrón, Bermejo, MOVADEF) habrían conseguido su objetivo máximo de modificar la Carta Magna e intentar perpetuarse en el poder, como también la gente linda del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que habrían ganado otro satélite más – Perú – para su constelación.

Esta película ya la vimos. Fue el camino usado por la OEA en 1992 para “resolver” la crisis producida por el autogolpe de Alberto Fujimori del 05 de Abril de aquel aciago año. Vino al Perú una misión encabezada por el anodino Secretario General Baena Soares y el canciller uruguayo Gro$ Espiell (¡Pobre Perú!), los que se compraron la tesis fujimorista de la ingobernabilidad por culpa de Congreso y luego obtuvieron en Nassau el llamado “Compromiso de las Bahamas”, por el cual Fujimori aceptó convocar ese mismo año elecciones para una… ¡Asamblea Constituyente!, aunque tuvo el pudor de denominarlo “Congreso Constituyente Democrático” (CCD).

Claro, el contexto de 1992 difiere del actual, en aquel año los gobiernos de centroderecha eran mayoría en el continente; empero, en lo medular, Fujimori obtuvo lo que quería, la posibilidad de moldear una nueva Constitución a su medida. El resto es historia conocida, pues aprovechando el impacto de la captura de Abimael Guzmán en Setiembre de ese año y usando todo el aparato estatal a su favor, sus partidarios ganaron la mayoría en las elecciones constituyentes. Sin ánimo de entrar ahora en un debate sobre el origen de la Constitución de 1993, sí es necesario recordar que las victorias electorales de Fujimori en 1992 y 1995, dieron el sustento político al régimen fujimontesinista que enturbió el país en el período 1993-2000, de lo que hace treinta años se queja la izquierda peruana.

Un escenario parecido pudo ocurrir en 2022 si el golpe de Estado de Pedro Castillo triunfaba. La organización estatal y paraestatal que el gobierno estaba tejiendo aceleradamente en todo el país, se activaría para asegurar por las buenas o por las malas la victoria de los candidatos del gobierno, de ahí el cambio de Constitución y la incorporación del Perú al universo bolivariano era cuestión de meses. Eso explica la destemplada reacción de Petro, López Obrador y la izquierda latinoamericana por el frustrado golpe de Pedro Castillo, pues se estaba descarrilando un ambicioso proyecto largamente acariciado. El Perú era desde antaño una presa codiciada y esquiva.

Sirva la ocasión para alertar sobre el recurrente modus operandi que la izquierda latinoamericana emplea contra las democracias incómodas, mientras guardan silencio cómplice sobre las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. La utilización de la OEA y a sus organismos dependientes como punta de lanza contra los gobiernos democráticos, coincide con la instalación de chavismo en Venezuela en 1998, que alineó con dinero y petróleo a una serie de pequeños países del área del Caribe; campaña reforzada a partir de 2003 por el régimen de Lula Da Silva, cuyo Partido de los Trabajadores (PT) engendró al Foro de Sao Paulo, ideólogo de la posverdad que impera por América Latina.

Finalmente, corresponderá ahora investigar y revelar las vinculaciones y objetivos de la abortada ruptura de nuestro orden constitucional, exponiendo a sus ideólogos y ejecutores, peruanos y extranjeros. Asimismo, desarrollar un discurso nacional firme y reiterado que establezca claramente que lo ocurrido en el Perú el 07 de Diciembre de 2022 no fue la travesura de un “muchachito tonto”, sino un golpe de Estado perpetrado por el ex presidente José Pedro Castillo Terrones para tapar las investigaciones por corrupción que lo involucran a él y su entorno familiar; y, de carambola, pavimentarle la captura del poder a la izquierda radical que lo llevó al gobierno. Sí el golpe fracasó fue por la intervención de las instituciones constitucionales: Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; paradójico en un país donde solemos decir que no tenemos instituciones.

*Crédito imagen: Diario El Comercio Web