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América Latina debe afirmar su libertad. Por: José Antonio Torres Iriarte

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La libertad como principio fundamental y los derechos humanos, como aspiración universal deben marcar el derrotero de las nuevas generaciones latinoamericanas; que deben ser capaces de reconocer el esfuerzo y entrega de todos aquellos que a lo largo del tiempo abrazaron la noble causa de poner fin a todo tipo de dictaduras y opresión en nuestra región.

La Revolución Cubana en los años sesenta, terminó traicionando los ideales de José Martí y de un pueblo que aspiraba a construir la democracia apoyada en el sufragio; el castrismo se sometió al dominio soviético, pretendiendo ser un referente político para las nuevas generaciones. La economía cubana fue subsidiada durante décadas por la URSS, bajo su liderazgo impulsó el movimiento guerrillero, que no pretendía liberar a nuestros pueblos de las «garras del imperialismo yanqui»; sino simplemente convertir a América Latina en una zona de influencia soviética en el contexto de la Guerra Fría y bipolaridad. La caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y el fin del comunismo en Europa del Este; en los años noventa puso al descubierto las falencias de las economías centralmente planificadas, con sistemas políticos de partido único y sin libertades.

América Latina a lo largo de los últimos 20 años, aparentemente había encontrado el camino de la libertad y parecía ser capaz de insertarse mejor en los mercados internacionales de Norteamérica, Europa y el Asia Pacífico. Cuba bajo el liderazgo del tirano de la Habana, fue capaz de sobrevivir al llamado «período especial» y encontrar en Hugo Chávez el aliado adecuado para poder financiar su economía e impulsar bajo un discurso neomarxista, proyectos políticos autoritarios en la región.

Si la influencia cubana, en el proceso político de la Unidad Popular en Chile en los años setenta fue nefasto para el gobierno de Salvador Allende; la injerencia cubana en el gobierno de Caracas ha facilitado el control de los servicios de inteligencia y el dominio sobre las instituciones militares, la destrucción de la economía venezolana y ocasionado la migración de más de 5 millones de ciudadanos, configurándose una crisis humanitaria.

La dictadura cubana, ha construido una economía dependiente, incapaz de subsistir y sentar las bases del bienestar en un marco de libertad. Las movilizaciones del 11 de Julio y la anunciada protesta nacional del 15 de Noviembre; representan un hito en la lucha por la libertad de un pueblo, harto de que la dictadura de partido único prevalezca, imponiendo la represión y postrando en la pobreza a vastos sectores sociales. La cúpula del Partido Comunista, liderada por Diaz Canel pretende imponer el miedo, impidiendo el libre acceso a las redes sociales, prohibiendo las movilizaciones, restringiendo el acceso de la prensa internacional y por cierto acusando de contra revolucionarios y pro imperialistas a los opositores.

Por otro lado, en Nicaragua por cuarta vez en elecciones fraudulentas, fue elegido Daniel Ortega, como a la par la dictadura de Nicolás Maduro se mantiene en el poder, en momentos que la Corte Penal Internacional ha iniciado múltiples investigaciones derivadas de la muerte de cientos de manifestantes durante las protestas ocurridas en el 2017. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de un mismo eje político, que tiene en el gobierno de Luis Arce en Bolivia un aliado estratégico. El llamado «socialismo del siglo XXI», se ha propuesto lograr la toma del poder en Colombia (en las elecciones del próximo año) y ganar las Elecciones en Chile en las próximas semanas, como a la par impulsan un proceso constituyente en el país sureño. El neomarxismo avanza con una agenda globalista, con propuestas ambientalistas, con el apoyo de fundaciones y organismos no gubernamentales cimentados en los países desarrollados; con un falso discurso de igualdad, no tienen otro propósito que la destrucción del aparato productivo de economías de medianos ingresos, el debilitamiento y control de las fuerzas armadas.

La amenaza totalitaria se cierne sobre América Latina y el Perú no es la excepción; el gobierno de Pedro Castillo no cede en sus objetivos políticos, tiene claro que debe disolver el Congreso e imponer una Asamblea Constituyente, que apruebe una Constitución que facilite el copamiento de las instituciones tutelares. El senderismo que fue derrotado sólo militarmente en los años noventa; hoy se expresa políticamente y forma parte del actual gobierno; por ello es impostergable confrontar política e ideológicamente para poder defender la institucionalidad democrática.

El Congreso de la República, el 9 de Noviembre del 2020 decidió vacar a Martín Vizcarra, sin embargo sólo unos días después ante la presión mediática renunciaría el presidente Manuel Merino, en un contexto de protesta promovida por los medios de comunicación temerosos de perder la generosa ayuda del Estado expresada en las transferencias millonarias por concepto de publicidad estatal. El gobierno de Sagasti, fue la segunda etapa de la gestión de Martín Vizcarra y demostró como una minoría parlamentaria fue capaz de imponerse frente a la voluntad de 105 congresistas, que sólo unos días antes habían decidido poner fin al nefasto gobierno vizcarrista. No olvidemos que personajes siniestros como Rosa María Palacios en especial señalaron que luego de la renuncia de Manuel Merino, el próximo presidente del Congreso debía ser elegido entre el “selecto” grupo de congresistas que se opusieron a la vacancia presidencial del corrupto Martin Vizcarra.

Hoy más que nunca, las fuerzas democráticas con o sin representación parlamentaria deben actuar con un solo objetivo político, defender la libertad frente a la amenaza totalitaria que se cierne sobre el Perú. 

Por: José Antonio Torres Iriarte



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Gustavo Gorriti está más cerca al abismo, por José Antonio Torres Iriarte

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La democracia descansa en la separación de poderes, lo que implica que la administración de justicia no está sujeta a presiones políticas o a la presión mediática instrumentada por los medios de comunicación vinculados a grupos empresariales asociados con empresas extranjeras. En el Perú se ha hecho evidente la judicialización de la política, impulsada en especial por el Instituto de Defensa Legal y su director ejecutivo Gustavo Gorriti.

La empresa Odebrecht vinculada al «Club de la Construcción» y a la empresa «Graña y Montero», lograron hacerse de la ejecución de decenas de obras públicas en todo el país. Paralelamente los grupos «El Comercio», «La República» y RPP eran receptores de generosas transferencias del Estado, bajo la modalidad de «publicidad estatal». A la par con recursos procedentes de la cooperación internacional, han sido solventados organismos no gubernamentales vinculados entre sí, que comparten la misma agenda política y que de modo especial han sido funcionales a salvaguardar los intereses de la constructora brasileña Odebrecht.

Si en el pasado Vladimiro Montesinos entregaba sumas millonarias de dinero en efectivo, en la salita del SIN; en los últimos años los grandes medios de comunicación han sobrevivido con la inyección de recursos públicos. El Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y Odebrecht, se ha convertido virtualmente en un «secreto de Estado» y el Equipo Especial Lava Jato liderado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, se convirtieron gracias a los medios de la gran prensa, en adalides de la lucha anticorrupción.

Gustavo Gorriti ha tratado de mostrarse como un periodista de investigación: sin embargo, no es sino un operador político de Odebrecht, que, desde hace varios años, en especial desde el 2018, se ha convertido en el «censor de la vida nacional» y vocero de la empresa Odebrecht, señalando en todo momento que la constructora brasileña tenía el derecho de «rehabilitarse», pagar una penalidad y acto seguido, seguir contratando con el Estado.

Desde mediados del 2018, cuando Martín Vizcarra ejercía la presidencia de la República, se puso en práctica un conjunto de acciones, bajo la conducción de Gustavo Gorriti. Cuando aún se desarrollaba el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y días después que la selección peruana fuera eliminada de la competencia mundialista; día y noche en los medios de comunicación adscritos a los grupos «El Comercio», «La República» y RPP se propalaban los audios que fueron presentados como prueba contundente, de que existía una organización criminal, de la que formaban parte el presidente de la Corte Superior del Callao, el vocal supremo César Hinostroza e incluso el entonces fiscal supremo Pedro Chávarry.

Luego de haber transcurrido más de cinco años y en función de una investigación fiscal impulsada durante la gestión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, el país toma conocimiento de cómo fue frustrada una diligencia fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal. Las imágenes que el país ha conocido en los últimos días acreditan fehacientemente la manera como el señor Gustavo Gorriti hace gala de su poder e influencia, logrando que el propio Fiscal de la Nación en ejercicio Pablo Sánchez a través de una llamada telefónica ‘conminatoria» presione al fiscal a cargo de la diligencia, con el claro propósito de que se suspenda la diligencia fiscal, que no constituía ningún acto arbitrario, ilegal o inconstitucional.

Gustavo Gorriti logró su objetivo y siguió desarrollando sus acciones con el objetivo de poner fin a la carrera de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.Se generó una crisis política, meses después (diciembre 2018) se realizaría un referéndum auspiciado por Martín Vizcarra. La elección de Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación fue cuestionada por Gustavo Gorriti y por el gobierno de Martín Vizcarra. Los fiscales Vela Barba y Pérez fueron «endiosados» por los grandes medios de comunicación.

En el plano judicial y mediático, la «coalición vizcarrista» se fortalecía con la detención de Keiko Fujimori en octubre 2018 y la orden judicial que decretó el impedimento de salida del país del expresidente Alan García en noviembre 2018. Gustavo Gorriti consolidaba su poder, siendo evidente su respaldo político a Martín Vizcarra. Cuando el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry decide remover a los fiscales Vela Barba y Pérez, el propio Martín Vizcarra retorna apresuradamente de Brasilia para expresar su respaldo a los fiscales removidos. Es evidente que Odebrecht no podía aceptar la remoción de los fiscales que se negaban a hacer de conocimiento público, los alcances del Acuerdo de Colaboración Eficaz.

Gustavo Gorriti en la diligencia fiscal que se frustró (2018) en las oficinas de IDL, estuvo acompañado por la periodista y abogada Rosa María Palacios, que siempre ha actuado y respaldado las acciones de Gustavo Gorriti.No hay que olvidar que fue el Instituto de Defensa Legal, quien publicó (noviembre 2018) como primicia el supuesto pago por parte de Odebrecht al presidente García, luego de que el ex jefe de Estado dictara una Conferencia en Sao Paulo. El juez dictó la orden de impedimento de salida del país de Alan García a solicitud del Ministerio Público (fiscal José Domingo Pérez) amparándose en el supuesto pago ilícito por el dictado de una Conferencia ante empresarios brasileños.

En los últimos años, el señor Gustavo Gorriti ha incriminado, denunciado y señalado responsabilidades con total libertad y osadía; sin embargo, hoy guarda silencio y no es capaz de asumir su propia defensa. El señor Gorriti es un «intocable» y ha tratado en todo momento de dar lecciones de probidad y moral. Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios no están unidos por ideales superiores, sino por ciertos intereses, por ello la señora Palacios agradeció al gobierno del Uruguay cuando decidió no concederle asilo al presidente Alan García.

Del mismo modo el 17 de abril 2019, cuando los «esbirros de la DIVIAC» acompañaron al fiscal para cumplir con la detención preliminar del expresidente García por 10 días fue la señora Palacios quien, bastante antes de ejecutarse la diligencia, ofreció la primicia en las redes sociales. La muerte de Alan García sería aparentemente lamentada, unos días después por el propio Gustavo Gorriti a través de IDL Radio, señalando que «si hubiera conocido del estado emocional» que afrontaba el expresidente le hubiera «concedido una tregua». La detención de Alan García o precipitar la muerte del expresidente eran escenarios posibles, los mismos que fueron esperados con expectativa por Martín Vizcarra y el Consejo de Ministros en pleno, reunidos a una hora inusual en Palacio de Gobierno.

El vacado expresidente Vizcarra hoy tiene mandato judicial de impedimento de salida del país y seguramente será sentenciado por los graves ilícitos penales cometidos en su condición de Gobernador de Moquegua y Presidente de la República. Hoy, Gustavo Gorriti ve desvanecer su inmenso poder, a pesar de que como operador político de Odebrecht ha logrado que la Junta Nacional de Justicia suspenda temporalmente por seis meses a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Existe una verdadera organización criminal dispuesta a proteger a Odebrecht, empresa cuyos directivos gozaron de todo tipo de protección legal, a cambio de ofrecer información supuestamente cierta sobre el pago de comisiones en apenas cuatro obras. Odebrecht pudo vender la hidroeléctrica de Chaglla, se le exoneró del pago de una millonaria deuda tributaria, sus oficinas no fueron allanadas, sus cuentas bancarias no fueron embargadas y sus directivos siempre gozaron de impunidad.

La «trama de Odebrecht» aún no ha concluido, hoy la batalla legal se libra entre la Junta Nacional de Justicia y la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Si en el 2018, Gustavo Gorriti logró sus objetivos políticos; hoy es poco probable que logre sus propósitos.

El Acuerdo de Colaboración Eficaz debe ser hecho de conocimiento público. La JNJ debe iniciar investigaciones contra el Fiscal Supremo Pablo Sánchez quien impidió la realización de una diligencia fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal en el 2018. Gustavo Gorriti está más cerca al abismo y al oprobio, demostrando que su papel de «guardaespalda» de Alejandro Toledo, mentor y receptor de la cooperación internacional y operador político de Odebrecht, son poco ante una imagen mellada por la comisión de acciones e ilícitos, que tarde o temprano lo obligaran a comparecer ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En medio de todo, los grupos «El Comercio», «La República» y RPP cada vez pierden más credibilidad, audiencia y tiraje. Ni los fiscales inmerecidamente elogiados, ni los medios de comunicación alicaídos podrán hacer algo por Gustavo Gorriti, cuando llegue el momento de dar cuentas ante la justicia. Si Vladimiro Montesinos tuvo su ocaso en el pasado, seguramente el poder acumulado por Gustavo Gorriti se desvanecerá con el tiempo.

Por: José Antonio Torres Iriarte. Abogado y analista político



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