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EE. UU. protege a cerca de 500,000 migrantes venezolanos

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Protección de 18 meses para venezolanos llegados hasta julio de 2023 en EE.UU, los que llegaron después serán expulsados

Estados Unidos ha anunciado que concederá a cerca de medio millón de migrantes venezolanos la posibilidad de acogerse a una protección contra deportaciones, otorgando permisos de residencia y trabajo por un período de 18 meses.

El gobierno del presidente Joe Biden ha extendido y reasignado el Estatus de Protección Temporal (EPT) para 472,000 venezolanos que se encontraban en el país antes del 31 de julio de 2023, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, tomó esta decisión debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela.

Actualmente hay alrededor de 242,700 beneficiarios del EPT bajo la designación actual, y gracias a esta reasignación, aproximadamente 472,000 venezolanos adicionales podrían solicitar esta protección, detalló en un comunicado.

Este programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones excepcionales.

Estados Unidos cuestiona la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro en 2018 y otorgó por primera vez el EPT a Venezuela en 2021.

El EPT «brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro», declaró Mayorkas.

«Esta es la situación de los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de este año, sin embargo, es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que arribaron después del 31 de julio de 2023 no serán elegibles para esta protección», advirtió.

«Aquellos que se determine que no tienen una base legal para permanecer serán sujetos a expulsión», añadió.

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¿Cuáles son los requisitos para evitar la deportación en Estados Unidos?

Los aspirantes al EPT bajo la nueva designación deberán demostrar su condición de ciudadanos venezolanos (o individuos sin nacionalidad pero con residencia previa en Venezuela), y haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos a partir del 31 de julio de 2023, además de cumplir con otros requisitos que serán detallados próximamente, según informó el gobierno.

El presidente Joe Biden se encontraba bajo presión desde hace semanas, especialmente por parte de diversas ciudades como Nueva York, que se veían desbordadas por el flujo de migrantes, muchos de ellos de origen venezolano.

En agosto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, solicitó al gobierno federal una aceleración en la emisión de permisos de trabajo. Esto se debe a que la ciudad se enfrenta a una crisis sin precedentes, con más de 100,000 solicitantes de asilo llegados desde abril del año anterior, y está obligada por ley a proveer refugio a quienes lo soliciten.

Además, en julio, un grupo de veinte senadores, mayoritariamente demócratas, instaron a Joe Biden a reasignar el EPT para ciudadanos de Venezuela y Nicaragua. Los senadores acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la detención de «aproximadamente 245 prisioneros políticos» y la descalificación de opositores políticos para que no puedan participar en elecciones.

Aunque la relación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano es tensa, Washington ha mostrado disposición a levantar gradualmente las sanciones financieras impuestas al país, siempre y cuando se tomen medidas que conduzcan a elecciones libres y justas el próximo año. Según la Casa Blanca, Joe Biden reiteró este punto durante una reunión con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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Segunda temporada de anchoveta Norte-Centro alcanza más del 72 % de avance de la cuota autorizada

Walter Palomino

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– A la fecha, las descargas superan 1.17 millones de toneladas, con un desempeño sostenido de la flota y participación de más de 300 embarcaciones por día.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro registra un avance del 72.05 % de la cuota total asignada, alcanzando 1,174,469 toneladas descargadas hasta las 07:00 horas de hoy miércoles 17 de diciembre. La cuota establecida para esta temporada es de 1,630,000 toneladas, vigente hasta el cierre del periodo autorizado.

Al respecto, el ministro de la Producción, César Quispe, destacó el desempeño ordenado del sector pesquero durante la presente temporada. “Este avance refleja una actividad responsable y planificada, que prioriza el aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, garantizando tanto la continuidad de la industria como la protección del ecosistema marino”, señaló.

Las descargas se han concentrado principalmente en los puertos de Bayóvar, Malabrigo, Coishco, Chimbote, Supe Puerto, Vegueta, Carquín, Chancay, Callao, Tambo de Mora y Pisco, Chancay, reflejando un comportamiento sostenido de la actividad extractiva. Durante la temporada, el promedio diario de desembarques alcanza las 29,362 toneladas, con la participación de 327 embarcaciones pesqueras por día.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que el desarrollo de la temporada responde a una planificación técnica y responsable. “Estamos observando un avance importante de la cuota, con una operación ordenada de la flota y un cumplimiento progresivo de los Límites Máximos de Captura por Embarcación, lo que brinda predictibilidad al sector y estabilidad a la actividad industrial”, señaló.

Asimismo, Barrientos precisó que el cumplimiento de las cuotas muestra avances diferenciados según el tipo de embarcación y grupo empresarial, con un número significativo de grupos que ya han alcanzado o están próximos a completar el 100 % de su asignación. “Estos resultados confirman que el esquema de cuotas permite una gestión eficiente del recurso, garantizando el abastecimiento a la industria y la continuidad de la actividad pesquera formal”, afirmó.

PRODUCE continuará realizando el seguimiento permanente del desarrollo de la temporada, en el marco de una gestión pesquera basada en criterios técnicos, transparencia y sostenibilidad del recurso anchoveta.

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Ampliación del Reinfo agrava la informalidad y debilita la institucionalidad minera hasta 2026

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Expertos cuestionan la quinta prórroga del Reinfo, al que califican de fracasado mecanismo que legitima la ilegalidad. El presidente José Jerí advirtió que observará cualquier modificación al acuerdo aprobado. 

La decisión del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ha generado duras críticas desde los gremios técnicos y especialistas, que advierten que la medida no corrige las fallas del proceso de formalización; por el contrario, profundiza la informalidad y la debilidad institucional del Estado. El Congreso evaluará su aprobación definitiva este 18 de diciembre.

Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), calificó al Reinfo como un “instrumento fracasado que no ha cumplido con su finalidad”. En la misma línea, el expresidente del gremio, Carlos Gálvez, sostuvo que la prórroga confirma un patrón que se arrastra desde hace más de dos décadas: “un mecanismo concebido como un puente hacia la formalización, pero que hoy funciona como un régimen que legitima la informalidad”. Según advirtió, esta decisión impacta en la institucionalidad del sector minero y transmite al inversionista formal un mensaje preocupante sobre la debilidad del Estado.

Pese a la crítica generalizada del sector técnico, el presidente José Jerí respaldó la prórroga de un año –y no por dos– al señalar que recoge “gran parte, por no decir casi todas, las recomendaciones del Ejecutivo”. No obstante, Gálvez cuestionó esta decisión y sostuvo que normalizar ampliaciones sucesivas del Reinfo solo “retrasa la modernización de la pequeña minería, un proceso que el país debió completar hace años”. En el Congreso, la decisión de limitar la extensión a un año se consideró un avance, ya que se rechazó la propuesta de reincorporar a más de 50 mil titulares depurados del registro.

Para los especialistas, el problema de fondo es la ausencia de una normativa integral. Gálvez cuestionó la falta de liderazgo en el Ministerio de Energía y Minas, pues “la designación de autoridades sin conocimiento del sector ha debilitado la capacidad del Ejecutivo para conducir la política de formalización”. En ese contexto, los gremios coinciden en que extender el Reinfo sin aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) resulta estéril y solo profundiza la informalidad y posterga una reforma que el país debió concretar hace años.

Fuentes: El Comercio, Rumbo Minero, Caretas, Gestión

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