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Luis Giampietri Rojas / La ley de protección policial

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Luis Giampietri Rojas / La ley de protección policial


Con la ley número 31012 que fue proporcionada por la Comisión Permanente del Congreso de la República. “Ley De Protección Policial” dicha ley tiene por objeto otorgarle protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú, que en uso del ejercicio regular de su función constitucional cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria. Asimismo, norma el tipo de apoyo legal que los asista en caso de que sean procesados y enjuiciados por las intervenciones realizadas.

Dicha ley explica la finalidad, responsabilidad penal y otras limitaciones que pudiesen suceder, es un extenso contenido que modifica también algunos artículos de leyes anteriores y decretos legislativos del sistema de defensa jurídica del Estado.

Indican disposiciones complementarias derogatorias y otras aseveraciones más, esta ley fue formulada siendo Presidente del Congreso de la República en ese momento el señor Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, en lo cual al no haber sido promulgada por el Presidente de la República de turno, el lagarto Martín Vizcarra, ni emitido los trámites para su publicación en el diario oficial el peruano, quedó un poco en el aire desde su emisión el 11 de septiembre del 2019.

Últimamente, el gobierno de la señora Dina Baluarte ha emitido la resolución suprema 013-2023 de la fecha 16 de febrero del presente año, en la que se hace precisión en forma enjundiosa de las reglas de enfrentamiento de las fuerzas armadas en los diversos enfrentamientos, con incidencia más en los combates locales dentro del país con los subversivos.

En relación en la parte que corresponde al uso de la fuerza, habla de la interpretación de la legalidad y necesidad proporcionalidad entre otras cosas así, como niveles de la agresión, la prevención y la reacción.

También se habla de la actuación de las fuerzas armadas durante las situaciones que involucran el empleo de la fuerza, del planeamiento y otros acápites qué hacen de este un documento bastante grande y no muy fácil de difundir entre las fuerzas del orden. Finalmente en su último capítulo habla de los informes y asienta tres candados increíbles que dificultarán el empleo de tan gran pergamino como por ejemplo dice: que los comandantes militares son responsables de las reglas de utilización de la fuerza, en niveles operacionales y tácticos. Debiendo confeccionar una cartilla que a su vez ser portada por todo el personal militar que participe en las acciones operativas.

¿Qué pasaría en este caso si uno de ellos al inicio de las operaciones es capturado?, se le estaría regalando al enemigo la estrategia que se estaría implementando en el grueso de toda la fuerza.

También habla sobre el “Comando unificado” considero salvo mejor parecer que con esto estaría sacando el cuerpo en sus responsabilidades a las órdenes que debe dar directa y precisa el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (COCOFA).

Por último, lo más grave de todo esto es, involucrar un personaje que pudiera ser un civil como asesor jurídico operacional, que tendría por misión el planeamiento, conducción, ejecución y supervisión de las acciones militares. Al final quién es el que conduce las Fuerzas Armadas… o un civil que es probablemente un honorable abogado pero sin ninguna experiencia militar de enfrentamiento en combate.

A veces cuando se crean documentos en los cuales se quieren concebir para que no se hagan, se utilizan este tipo de procedimientos. Lamento que esto se haya hecho así, no podemos salir actualmente hasta ahora de la duda más importante como por ejemplo: ¿Qué pasaría si en un enfrentamiento donde el soldado, el marinero o el oficial en último recurso viendo su integridad física en peligro y tienen que hacer el uso de su arma de reglamento y tienen un percance fatal con el enemigo qué pasaría en ese caso?

Les aseguro que dicho oficial a cargo y su personal marcharían directamente a la cárcel o los enjuiciarían como los juicios recientes del frontón que van entre 29 ,39 y 40 años de los cuales de eso no se dice nada qué lástima verdad.

(*) Vicealmirante AP.

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Desde Huaraz, Roberto Sánchez descarta expropiaciones y apuesta por la inversión

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Desde Huaraz, Roberto Sánchez descarta expropiaciones y apuesta por la inversión

El candidato presidencial de Juntos por el Perú destacó la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como Chinecas, el Hospital de Alta Complejidad y los corredores de integración económica para fortalecer el desarrollo de Áncash y del país.

Durante su visita y nutrido mitin en Huaraz, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las campañas de desinformación que buscan generar temor entre la ciudadanía respecto a las propuestas de cambio impulsadas por sectores populares y aseguró que su gobierno promoverá la inversión, la producción y la generación de empleo como pilares del desarrollo nacional.

“Nosotros no vamos a expropiar ni estatizar ni quitarle nada a nadie. Queremos más producción, más inversión y más oportunidades para todos los peruanos. Nuestro compromiso es con el desarrollo y el bienestar de las familias trabajadoras”, enfatizó.

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que Áncash tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales motores productivos del país, siempre que se destraben y ejecuten proyectos estratégicos que permitan aprovechar sus recursos y generar oportunidades para la población.

En ese sentido, destacó la importancia del Proyecto Especial Chinecas como una obra fundamental para ampliar la frontera agrícola, fortalecer la seguridad alimentaria y beneficiar directamente a miles de pequeños productores.

“Chinecas representa una oportunidad histórica para incorporar más de 100 mil hectáreas productivas, pero debemos aprender de las experiencias del pasado. Las grandes obras de irrigación tienen que beneficiar primero al pequeño agricultor y a las familias que viven del campo”, señaló.

El líder de Juntos por el Perú afirmó que la región también requiere atender demandas históricas en materia de salud, por lo que respaldó la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Áncash para garantizar atención especializada y oportuna a miles de ciudadanos.

“Así como Chinecas debe convertirse en una realidad para nuestros agricultores, también debemos hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad. El desarrollo tiene que llegar al campo, pero también a la salud y a los servicios que necesita nuestra población”, manifestó.

Sánchez también destacó el potencial estratégico de Áncash dentro de los nuevos corredores económicos y comerciales que se vienen configurando en Sudamérica. En ese sentido, señaló que una futura gestión de Juntos por el Perú impulsará carreteras, ferrocarriles y corredores bioceánicos que permitan integrar las regiones, reducir costos logísticos y conectar la producción nacional con los mercados internacionales.

“Queremos conectar el crecimiento económico con el desarrollo de los pueblos. El Perú necesita infraestructura, modernidad, empleo y oportunidades. Esa es la ruta que proponemos para construir un país más justo y competitivo”, concluyó.
Huaraz 01 de junio de 2026

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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.

Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.

Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.

En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.

Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP

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