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Más de 3000 policías refuerzan el dispositivo de seguridad ante movilizaciones
Más de 3000 efectivos de la Policía Nacional del Perú se mantienen en alerta para brindar seguridad durante las movilizaciones sociales con el fin de asegurar que se desarrollen de forma pacífica y sin interrumpir el proceso de vacunación.
El ministro del Interior, José Elice, indicó que la Policía Nacional actuará con mucha prudencia ante este tipo de eventos, considerando que la pandemia aún no ha cesado y es necesario asegurar que el proceso de vacunación continúe.
“Es un trabajo policial bastante fino. Lo que hace la Policía Nacional es garantizar el orden público y, sobre todo, cuidar la seguridad de las personas, y en eso ha venido trabajando bien, pero ahora lo prioritario es el tema de la salud”, recalcó.
Señaló que Inteligencia utiliza todos los recursos para ir monitoreando a las personas que podrían ser responsables de convocar a estas marchas. “La Policía está presente en todas las manifestaciones. Está actuando con mucha prudencia y evitando que quienes son simpatizantes de estas organizaciones que promueven estas movilizaciones se encuentren y agredan”.
Por su parte, el comandante general de la PNP, General de Policía César Cervantes, precisó que habrá un seguimiento policial cercano y se emplearán drones para monitorear el desplazamiento de manifestantes.
“La Policía Nacional está trabajando para conservar el orden y la integridad de la ciudad y de los ciudadanos. Estas marchas deben ser pacíficas y la Policía actuará con firmeza en el uso racional de la fuerza para repeler manifestaciones que se puedan tornar violentas”, recalcó.
Durante la presentación de resultados de diversos operativos policiales, realizados en los últimos 10 días en Lima, Cervantes subrayó hoy que durante este tipo de movilizaciones, no se permitirá el uso de instrumentos que podrían causar daños personales.
Afirmó que la institución policial es respetuosa de las libertades y del derecho que tiene todos los ciudadanos de salir a marchar para manifestarse, siempre que sus movilizaciones no generen disturbios ni daño a terceros o contra la propiedad pública o privada.
En ese sentido, Cervantes invocó a los líderes de estas manifestaciones a colaborar para que estas movilizaciones se desarrollen dentro de un clima de paz y tranquilidad.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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