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MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ: IMPACTO ECONÓMICO EQUIVALE AL 2.7 % DEL PBI NACIONAL
Expertos advierten que las exportaciones ilícitas de oro superaron los US$ 12,000 millones en 2025, mientras la tramitología mantiene paralizados proyectos por US$ 60,000 millones.
La industria minera peruana enfrenta en 2026 un escenario complejo donde el potencial geológico colisiona con la expansión de economías criminales. Paula Chincha, abogada minera de Montt Group Perú, señala que la minería ilegal ya representa el 2.7 % del PBI, con exportaciones de oro que en 2025 superaron los US$ 12,000 millones. Respecto al fracaso de los procesos de formalización previos como el REINFO, Chincha fue categórica al señalar que “las sucesivas ampliaciones han terminado debilitando el proceso, porque en la práctica han permitido que muchos sigan operando sin cumplir plenamente con los estándares ambientales, sociales y laborales que exige una actividad formal”.
Frente a este avance ilícito, la minería formal lidia con una estructura burocrática que obstaculiza la inversión. Actualmente, un solo proyecto puede requerir alrededor de 200 permisos ante más de 25 entidades, lo que ha generado que una cartera de inversiones superior a los US$ 60,000 millones permanezca detenida. Sobre la nueva propuesta de la Ley MAPE, Chincha explicó que el objetivo es establecer un marco más estable basado en la trazabilidad: “La idea es dejar atrás el esquema del REINFO, pasar a un marco más estable. Uno de los puntos centrales es el uso de tecnología y trazabilidad, para que el Estado pueda identificar con mayor claridad de dónde sale el mineral, cómo se transita, y distinguir la actividad formal de la ilegal”.
A pesar de los desafíos, las proyecciones para el periodo 2027-2030 muestran señales de reactivación con proyectos como Tía María, Corani y Zafranal. Sin embargo, la especialista advierte que la normativa por sí sola no garantiza resultados si no existe una ejecución real en el territorio. Chincha concluyó que el éxito del sector dependerá de la predictibilidad y la eficiencia administrativa del Estado: “Se necesitan estándares ambientales exigentes, pero con procesos claros y plazos razonables. Cuando las reglas son claras y previsibles, es más fácil proteger el ambiente, respetar a las comunidades y generar confianza para la inversión”.
Fuente: BN Americas
Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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