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MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ: IMPACTO ECONÓMICO EQUIVALE AL 2.7 % DEL PBI NACIONAL

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MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ: IMPACTO ECONÓMICO EQUIVALE AL 2.7 % DEL PBI NACIONAL

Expertos advierten que las exportaciones ilícitas de oro superaron los US$ 12,000 millones en 2025, mientras la tramitología mantiene paralizados proyectos por US$ 60,000 millones.

La industria minera peruana enfrenta en 2026 un escenario complejo donde el potencial geológico colisiona con la expansión de economías criminales. Paula Chincha, abogada minera de Montt Group Perú, señala que la minería ilegal ya representa el 2.7 % del PBI, con exportaciones de oro que en 2025 superaron los US$ 12,000 millones. Respecto al fracaso de los procesos de formalización previos como el REINFO, Chincha fue categórica al señalar que “las sucesivas ampliaciones han terminado debilitando el proceso, porque en la práctica han permitido que muchos sigan operando sin cumplir plenamente con los estándares ambientales, sociales y laborales que exige una actividad formal”.

Frente a este avance ilícito, la minería formal lidia con una estructura burocrática que obstaculiza la inversión. Actualmente, un solo proyecto puede requerir alrededor de 200 permisos ante más de 25 entidades, lo que ha generado que una cartera de inversiones superior a los US$ 60,000 millones permanezca detenida. Sobre la nueva propuesta de la Ley MAPE, Chincha explicó que el objetivo es establecer un marco más estable basado en la trazabilidad: “La idea es dejar atrás el esquema del REINFO, pasar a un marco más estable. Uno de los puntos centrales es el uso de tecnología y trazabilidad, para que el Estado pueda identificar con mayor claridad de dónde sale el mineral, cómo se transita, y distinguir la actividad formal de la ilegal”.

A pesar de los desafíos, las proyecciones para el periodo 2027-2030 muestran señales de reactivación con proyectos como Tía María, Corani y Zafranal. Sin embargo, la especialista advierte que la normativa por sí sola no garantiza resultados si no existe una ejecución real en el territorio. Chincha concluyó que el éxito del sector dependerá de la predictibilidad y la eficiencia administrativa del Estado: “Se necesitan estándares ambientales exigentes, pero con procesos claros y plazos razonables. Cuando las reglas son claras y previsibles, es más fácil proteger el ambiente, respetar a las comunidades y generar confianza para la inversión”.

Fuente: BN Americas

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ROBERTO SÁNCHEZ REIVINDICA AL AGRO Y LAS REGIONES DESDE TAMBOGRANDE

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ROBERTO SÁNCHEZ REIVINDICA AL AGRO Y LAS REGIONES DESDE TAMBOGRANDE

Tambogrande, Piura. Ante agricultores, dirigentes comunales, ronderos y pobladores de diversos centros poblados de Piura, el candidato presidencial Roberto Sánchez encabezó una cálida concentración en Tambogrande, donde presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la agricultura familiar, reactivar proyectos estratégicos para la región y recuperar el protagonismo de las regiones en las decisiones nacionales.

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que el desarrollo del país debe partir del reconocimiento al papel que cumplen los pequeños productores agrícolas en la seguridad alimentaria nacional. En ese sentido, cuestionó que durante años las políticas públicas hayan favorecido principalmente a los grandes grupos económicos mientras miles de agricultores continúan enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y mercados.

“El Perú no puede seguir dándole la espalda al campo. Los agricultores son quienes garantizan los alimentos de millones de peruanos y merecen ser una prioridad nacional”, señaló.

Uno de los anuncios más destacados fue su compromiso de impulsar la construcción del Hospital de Ayabaca, una obra largamente esperada por la población de la provincia. Sánchez aseguró que este proyecto será considerado una prioridad dentro de un eventual gobierno suyo, con el objetivo de cerrar las brechas históricas en salud que afectan a la sierra piurana.

Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar proyectos estratégicos vinculados a la producción nacional de fertilizantes para reducir los costos de producción agrícola y fortalecer la competitividad de los pequeños productores. En esa línea, destacó la importancia de aprovechar los recursos fosfateros de Piura para impulsar una industria nacional que beneficie directamente al agro peruano.

El líder de Juntos por el Perú también propuso la creación de un verdadero banco de fomento agrario que permita atender las necesidades de los pequeños agricultores, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para acceder a créditos productivos. Según explicó, esta entidad deberá brindar financiamiento oportuno y atender la problemática de la deuda agraria que afecta a miles de familias rurales.

Durante el encuentro, Sánchez defendió la necesidad de impulsar una segunda reforma agraria orientada a la tecnificación, industrialización y modernización del campo peruano, con especial atención a la agricultura familiar y a las economías regionales.

Otro de los temas abordados fue la gestión del recurso hídrico. El candidato señaló que la inversión en infraestructura de riego y almacenamiento de agua será una prioridad para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y enfrentar los efectos del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos que afectan periódicamente a la región Piura.

En el plano político, reiteró su propuesta de recuperar mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas para que todos los jóvenes tengan acceso al derecho a la educación superior, con el objetivo de impulsar reformas democráticas que permitan fortalecer la representación política, ampliar derechos y construir un modelo de desarrollo más inclusivo para las regiones.

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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos

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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos

Organizaciones políticas reciben capacitación sobre entrega de información financiera a la ONPE

Las organizaciones políticas no pueden tener fuentes de financiamiento ilegal y todos sus gastos deben ser reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) junto con comprobantes que los sustenten. Esas fueron algunas de las indicaciones que se brindaron en el taller organizado por dicho ente público el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Lima.

Al evento asistieron tesoreros y contadores integrantes de una de las tres alianzas electorales y de 18 de los 54 partidos políticos que deben presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) 2025, a más tardar, el 1 de julio. La obligación también alcanza a otra alianza electoral y a 95 movimientos regionales que están siendo capacitados al interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE.

Cada Información Financiera Anual (IFA) 2025 debe contener las actividades económicas y financieras desarrolladas por la organización política entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Específicamente, datos de los aportantes y el monto de sus aportes, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, y notas e información complementaria a los estados financieros

Indicaciones para las organizaciones políticas

Las fuentes de financiamiento privado de una organización política pueden ser: aportes en efectivo o en especie, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados.

Se consideran fuentes de financiamiento ilegal las siguientes:

·         Fuentes anónimas. Los aportes no pueden tener un origen desconocido.

·         Personas naturales extranjeras.

·         Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.

·         Personas jurídicas extranjeras con fines de lucro.

·         Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro (excepto cuando sus aportes sean para organizaciones políticas y estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación).

·         Personas naturales de nacionalidad peruana condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez años después de cumplida la condena.

·         Entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o con participación de este.

·         Confesiones religiosas de cualquier denominación.

Forma de presentación de la IFA

·         La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

·         La información se consigna en los formatos aprobados por la ONPE y estos son suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.

·       Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), así como las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Fotos: Flickr ONPE

Lima, 29 de mayo de 2026 

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