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Por: Antero Flores-Araoz / Basta de irresponsabilidad
Nuestra Policía Nacional, tiene la obligación constitucional y legal de resguardar el orden público y de recuperarlo cuando él ha sido afectado, lo que puede cumplir con el apoyo de las Fuerzas Armadas o sin él, según decisión a cargo del Gobierno Central.
La obligación antes enunciada, se debe cumplir en tiempos de paz al igual que cuando se ha declarado por el Poder Ejecutivo algún estado de excepción, como puede ser el de emergencia o el de sitio.
Los estados de excepción se declaran ante graves afectaciones del orden público, que requieren su contención por parte del Estado y por supuesto su superación y vuelta a la normalidad, para lo cual es indispensable que las fuerzas del orden salgan airosas en su cometido.
Sin embargo, y hay que decirlo claramente, en los últimos años se ha impuesto la desidia desde el Sector Público, cuando no su miedo, diría que, hasta pánico, pues se ordena a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, repeler las agresiones sin armas, con solo protección muy relativa y con elementos “no letales” que para poco o nada sirven, pues como hemos observado, dejaron de ser disuasivos. El resultado es de esperarse, pues saldrán airosos y victoriosos los revoltosos, los vándalos, los terrucos, los violentistas, y los delincuentes que quieren generar el caos para apropiarse del Estado y salir campantes en su propósito.
La pregunta que seguramente tiene en mente el apreciado lector de esta columna es ¿a qué le tienen temor las autoridades gubernamentales? La respuesta es fácil, tienen pánico de que les abran investigaciones, acusaciones y procesos judiciales por el empleo de la fuerza, cuando ella genera daños no queridos, afectando la vida o la integridad de los violentistas como de irresponsables espectadores, que se exponen a ser alcanzados por proyectiles de los bandos en beligerancia.
Esos procesos, como lo hemos visto muchas veces, duran una eternidad y a los acusados nadie los defiende. Dicen que para muestra un botón, pues bien van dos: la acción de recuperación de la residencia del embajador de Japón, llamada Chavín de Huántar, su procesamiento judicial duró diecisiete años y el correspondiente a la recuperación del “Frontón” lleva ya 38 años y no concluye. Ya es hora que la Fiscalía y la Judicatura actúen cumpliendo estrictamente con los plazos.
Pero hay más, que explican los temores, como es la teoría de la responsabilidad mediata por simple línea de mando, así no se hubiera ordenado el uso indiscriminado de la fuerza. Por el solo hecho de ser jefes superiores de quienes han actuado en los escenarios de violencia, se les puede sancionar, así no hubieren dado órdenes represivas.
Como vemos no solamente se exhorta a la autoridad civil a ser responsables y no enviar al cadalso a nuestras fuerzas del orden, al disponerse su actividad desarmados, sino también a cierta prensa que le hace el juego a los violentistas y está dale que dale con que sus Derechos Humanos son lesionados. La Policía y las Fuerzas Armadas también tienen Derechos Humanos, no lo olviden.
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Desde Huaraz, Roberto Sánchez descarta expropiaciones y apuesta por la inversión
El candidato presidencial de Juntos por el Perú destacó la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como Chinecas, el Hospital de Alta Complejidad y los corredores de integración económica para fortalecer el desarrollo de Áncash y del país.
Durante su visita y nutrido mitin en Huaraz, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las campañas de desinformación que buscan generar temor entre la ciudadanía respecto a las propuestas de cambio impulsadas por sectores populares y aseguró que su gobierno promoverá la inversión, la producción y la generación de empleo como pilares del desarrollo nacional.
“Nosotros no vamos a expropiar ni estatizar ni quitarle nada a nadie. Queremos más producción, más inversión y más oportunidades para todos los peruanos. Nuestro compromiso es con el desarrollo y el bienestar de las familias trabajadoras”, enfatizó.
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que Áncash tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales motores productivos del país, siempre que se destraben y ejecuten proyectos estratégicos que permitan aprovechar sus recursos y generar oportunidades para la población.
En ese sentido, destacó la importancia del Proyecto Especial Chinecas como una obra fundamental para ampliar la frontera agrícola, fortalecer la seguridad alimentaria y beneficiar directamente a miles de pequeños productores.
“Chinecas representa una oportunidad histórica para incorporar más de 100 mil hectáreas productivas, pero debemos aprender de las experiencias del pasado. Las grandes obras de irrigación tienen que beneficiar primero al pequeño agricultor y a las familias que viven del campo”, señaló.
El líder de Juntos por el Perú afirmó que la región también requiere atender demandas históricas en materia de salud, por lo que respaldó la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Áncash para garantizar atención especializada y oportuna a miles de ciudadanos.
“Así como Chinecas debe convertirse en una realidad para nuestros agricultores, también debemos hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad. El desarrollo tiene que llegar al campo, pero también a la salud y a los servicios que necesita nuestra población”, manifestó.
Sánchez también destacó el potencial estratégico de Áncash dentro de los nuevos corredores económicos y comerciales que se vienen configurando en Sudamérica. En ese sentido, señaló que una futura gestión de Juntos por el Perú impulsará carreteras, ferrocarriles y corredores bioceánicos que permitan integrar las regiones, reducir costos logísticos y conectar la producción nacional con los mercados internacionales.
“Queremos conectar el crecimiento económico con el desarrollo de los pueblos. El Perú necesita infraestructura, modernidad, empleo y oportunidades. Esa es la ruta que proponemos para construir un país más justo y competitivo”, concluyó.
Huaraz 01 de junio de 2026

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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.
Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.
Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.
En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.
Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP
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