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Por: Ántero Flores-Aráoz / Pauperización digital

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En anterior columna y refiriéndome a la Política General de Gobierno Digital, recientemente aprobada por el actual Poder Ejecutivo, decíamos que era muy loable el interés gubernamental en la materia, lo que complementaba varios otros instrumentos legales que se habían pronunciado sobre tan importante tema, como fue la aprobación del Sistema Nacional de Transformación Digital, la utilización de medios digitales en la gobernanza, además de la Ley del Gobierno Digital.

En adición, como consecuencia de la pandemia del Covid 19, se establecieron en materia educativa clases no presenciales, tanto a nivel escolar como universitario, lo que fue considerado una buena solución para que los educandos no se perjudicaran con el atraso en su preparación para el futuro.

Sin embargo, en la materia educativa escolar, hay dos problemas sustanciales en lo que se refiere a la educación a distancia, uno es la falta de conectividad de Internet en muchísimas localidades del Perú, sobre todo en zonas rurales de sierra y selva y, el segundo es la falta de vocablos digitales en los idiomas quechua, aimara y otras lenguas nativas.

El primer problema se enfrenta con inversión, pero para el segundo se requiere principalmente decisión estatal, que hasta ahora está ausente, pese a que ello no sería difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que siguen dando vuelta: dictámenes, informes y más informes, aunque sin concreción en el Sector Educación.

Es bueno recordar que dentro de los servicios básicos como son agua, saneamiento y luz, ha sido incorporado el acceso a Internet como un derecho. Sin embargo, la conectividad a Internet solo ha llegado a un 20% en escuelas públicas, aunque de poco sirve cuando tienen particularmente un bajo ancho de banda, que imposibilita la comunicación simultánea de varios usuarios.

La población de quechua hablantes y de aimara hablantes, sin conocimiento de otro idioma, es de aproximadamente cinco millones de compatriotas que, de seguir sin ser incorporados al mundo digital con la inclusión de vocablos digitales, están sentenciados a seguir postergados y sin posibilidad de ascenso social y económico, lo que con toda razón reclaman desde mucho tiempo atrás sin ser atendidos.

De esto se aprovechan los que quieren desestabilizar el país, pues embaucan sobre todo a las poblaciones andinas enviándolas al despeñadero con sus marchas y manifestaciones violentas.

Desde las esferas del Estado, principalmente las gubernamentales, se llenan la boca afirmando su interés en el desarrollo de las comunidades andinas, pero ello no se condice con la falta de decisión para la toma de medidas concretas, que las hagan salir del ostracismo con oportunidades laborales de nivel, lo que no podrán lograr si previamente no son inmersas en este nuevo mundo que estamos viviendo, que se denomina la era digital y que si no hay formación en tal temática, quedarán inexorablemente rezagadas.

Quien ejerce la Presidencia de la República es natural del Ande, nacida en Chalhuanca del departamento de Apurímac, quien entre otras lenguas domina la quechua, por lo cual hay fundadas esperanzas que emita las órdenes para que el Sector Educación haga lo que debe hacer y que hasta ahora incomprensiblemente omite.

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Segunda temporada de anchoveta Norte-Centro alcanza más del 72 % de avance de la cuota autorizada

Walter Palomino

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– A la fecha, las descargas superan 1.17 millones de toneladas, con un desempeño sostenido de la flota y participación de más de 300 embarcaciones por día.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro registra un avance del 72.05 % de la cuota total asignada, alcanzando 1,174,469 toneladas descargadas hasta las 07:00 horas de hoy miércoles 17 de diciembre. La cuota establecida para esta temporada es de 1,630,000 toneladas, vigente hasta el cierre del periodo autorizado.

Al respecto, el ministro de la Producción, César Quispe, destacó el desempeño ordenado del sector pesquero durante la presente temporada. “Este avance refleja una actividad responsable y planificada, que prioriza el aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, garantizando tanto la continuidad de la industria como la protección del ecosistema marino”, señaló.

Las descargas se han concentrado principalmente en los puertos de Bayóvar, Malabrigo, Coishco, Chimbote, Supe Puerto, Vegueta, Carquín, Chancay, Callao, Tambo de Mora y Pisco, Chancay, reflejando un comportamiento sostenido de la actividad extractiva. Durante la temporada, el promedio diario de desembarques alcanza las 29,362 toneladas, con la participación de 327 embarcaciones pesqueras por día.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que el desarrollo de la temporada responde a una planificación técnica y responsable. “Estamos observando un avance importante de la cuota, con una operación ordenada de la flota y un cumplimiento progresivo de los Límites Máximos de Captura por Embarcación, lo que brinda predictibilidad al sector y estabilidad a la actividad industrial”, señaló.

Asimismo, Barrientos precisó que el cumplimiento de las cuotas muestra avances diferenciados según el tipo de embarcación y grupo empresarial, con un número significativo de grupos que ya han alcanzado o están próximos a completar el 100 % de su asignación. “Estos resultados confirman que el esquema de cuotas permite una gestión eficiente del recurso, garantizando el abastecimiento a la industria y la continuidad de la actividad pesquera formal”, afirmó.

PRODUCE continuará realizando el seguimiento permanente del desarrollo de la temporada, en el marco de una gestión pesquera basada en criterios técnicos, transparencia y sostenibilidad del recurso anchoveta.

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Ampliación del Reinfo agrava la informalidad y debilita la institucionalidad minera hasta 2026

Limaaldia.pe

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Expertos cuestionan la quinta prórroga del Reinfo, al que califican de fracasado mecanismo que legitima la ilegalidad. El presidente José Jerí advirtió que observará cualquier modificación al acuerdo aprobado. 

La decisión del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ha generado duras críticas desde los gremios técnicos y especialistas, que advierten que la medida no corrige las fallas del proceso de formalización; por el contrario, profundiza la informalidad y la debilidad institucional del Estado. El Congreso evaluará su aprobación definitiva este 18 de diciembre.

Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), calificó al Reinfo como un “instrumento fracasado que no ha cumplido con su finalidad”. En la misma línea, el expresidente del gremio, Carlos Gálvez, sostuvo que la prórroga confirma un patrón que se arrastra desde hace más de dos décadas: “un mecanismo concebido como un puente hacia la formalización, pero que hoy funciona como un régimen que legitima la informalidad”. Según advirtió, esta decisión impacta en la institucionalidad del sector minero y transmite al inversionista formal un mensaje preocupante sobre la debilidad del Estado.

Pese a la crítica generalizada del sector técnico, el presidente José Jerí respaldó la prórroga de un año –y no por dos– al señalar que recoge “gran parte, por no decir casi todas, las recomendaciones del Ejecutivo”. No obstante, Gálvez cuestionó esta decisión y sostuvo que normalizar ampliaciones sucesivas del Reinfo solo “retrasa la modernización de la pequeña minería, un proceso que el país debió completar hace años”. En el Congreso, la decisión de limitar la extensión a un año se consideró un avance, ya que se rechazó la propuesta de reincorporar a más de 50 mil titulares depurados del registro.

Para los especialistas, el problema de fondo es la ausencia de una normativa integral. Gálvez cuestionó la falta de liderazgo en el Ministerio de Energía y Minas, pues “la designación de autoridades sin conocimiento del sector ha debilitado la capacidad del Ejecutivo para conducir la política de formalización”. En ese contexto, los gremios coinciden en que extender el Reinfo sin aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) resulta estéril y solo profundiza la informalidad y posterga una reforma que el país debió concretar hace años.

Fuentes: El Comercio, Rumbo Minero, Caretas, Gestión

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