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El “Polisario” pierde otra batalla jurídica, esta vez en el Tribunal de Tarascón en Francia

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El “Polisario” pierde otra batalla jurídica, esta vez en el Tribunal de Tarascón en Francia


Como es de esperar, el grupo rebelde de Polisario acaba de sufrir un nuevo retroceso jurídico en Francia después de la sentencia del Tribunal de Tarascón contra una organización sindical francesa usada en acoso judicial contra el acuerdo agrícola entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea.

A pocas semanas del revés infligido por el Alto Tribunal de Londres, el Tribunal de Tarascón (Francia) dictó a su vez, el 14 de junio 2023, una decisión judicial en la que condena a la Confédération Paysanne- sindicato agrícola francés conocido por su alineamiento con las tesis del “polisario”. La Confédération Paysanne está detrás del hostigamiento legal del acuerdo agrícola en Francia.

Los hechos remontan al mes de abril de 2014, cuando la Confédération Paysanne inició una acción judicial ante el Tribunal de Comercio de Tarascon contra la empresa IDYL, una empresa especializada en la comercialización de frutas y hortalizas provenientes de Marruecos, incluidas las Provincias del Sur.

La acción de la Confédération Paysanne pretendía prohibir a esta empresa distribuir estos productos y condenarla a la justicia (sanciones y daños por supuestos daños sufridos). Ante esta acción judicial, la decisión del Tribunal repudió completamente la Confédération Paysanne en toda la línea, dando razón a la Compañía IDYL.

Esta última empresa logró exponer durante el juicio que la acción legal iniciada en nombre de la Confédération Paysanne, es en realidad solo la acción de una minoría no representativa de la Organización, y que de todos modos no tiene legitimación para iniciar un proceso judicial.

Mas allá de los aspectos de procedimiento, algunos dirigentes de la Confédération Paysanne no dudan en sobrepasar los reglamentos de la organización, con un solo objetivo que es llevar acabo un activismo político hostil a Marruecos. En una verdadera negación de la democracia, secuestraron a las autoridades legítimas de la Confédération Paysanne y violaron la voluntad de sus miembros.

En efecto, la empresa IDYL argumentó que la acción legal de la Confédération Paysanne no era admisible porque estaba sujeto a prescripción de plazos reglamentarios. El Tribunal falló a favor de IDYL, dictaminando que el plazo de prescripción efectivamente había pasado. Esto confirma que los objetivos de la Confédération Paysanne eran el activismo político hostil y no la acción legal legítima.

Sobre esta base, el Tribunal condenó a la Confédération Paysanne, otorgando así una victoria legal a IDYL, que estigmatizó las manipulaciones realizadas por ciertos relevos del «Polisario», en interés de partidos conocidos, y por puramente razones políticas.

En efecto, esta condena de la Confédération Paysanne por la Corte de Tarascon es una nueva derrota para los círculos hostiles a Marruecos. La Confédération Paysanne (a la que pertenece el activista José Bové) ha demostrado reiteradamente su hostilidad y su dogmática alineación con las tesis del «Polisario».

Al atacar el acuerdo agrícola, la Confédération Paysanne no buscaba hacer valer los llamados derechos, sino simplemente explotar, por puro oportunismo, una controversia artificial provocada por el Polisario.

Cabe mencionar en este ámbito que la sentencia judicial sólo confirma la verdad y conforta a Marruecos en su derecho, y también confirma, una vez más, la legitimidad de la acción del Reino de Marruecos en sus provincias del sur y la conformidad del desarrollo de los recursos naturales con la legalidad internacional.

La sentencia del Tribunal coincide con la posición que siempre ha expresado Marruecos sobre la legalidad indiscutible de los Acuerdos celebrados con sus socios internacionales y la necesidad de garantizar su seguridad jurídica. Por ende y para el Reino, la sentencia de la Corte de Tarascón es satisfactoria. No reconoció a la Confédération Paysanne ningún derecho con respecto al desarrollo económico de las provincias del sur.

De esta manera, el Tribunal no se dejó arrastrar por la trampa tendida por la Confédération Paysanne y se negó a comentar sobre el fondo del caso. Con este juicio, la Confédération Paysanne es interpelada y devuelta a su verdadera dimensión.

Por otro lado, las relaciones económicas entre Marruecos y la UE en los sectores agrícolas se ven favorecidas por la historia y la proximidad geográfica, que hacen de sus respectivos mercados oportunidades de primer rango para los productos marroquíes y europeos. Desde la entrada en vigor del acuerdo, se ha aplicado con un enfoque de beneficio mutuo, como lo confirman los diversos informes elaborados por la Comisión Europea.

Además de cumplir con el derecho internacional y el derecho europeo, la decisión de la Corte de Tarascon confirma una línea de fondo y consolida la jurisprudencia establecida hace solo unas semanas por el Alto Tribunal de Londres. Este último había destituido efectivamente al «Polisario» y confirmado irrevocablemente la legalidad de los acuerdos concluidos por Marruecos y que cubrían sus provincias del sur.

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SENADO PODRÍA ACTUAR COMO CONTRAPESO ANTE PROPUESTAS QUE AFECTEN REGLAS ECONÓMICAS VIGENTES, ADVIERTE VIDENZA

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SENADO PODRÍA ACTUAR COMO CONTRAPESO ANTE PROPUESTAS QUE AFECTEN REGLAS ECONÓMICAS VIGENTES, ADVIERTE VIDENZA

Análisis de Luis Miguel Castilla señala que la bicameralidad introduce un nuevo filtro institucional frente a iniciativas sobre el Banco Central, uso de reservas y cambios que podrían comprometer la estabilidad económica del país.

Por primera vez en más de tres décadas, el Perú llega a una segunda vuelta presidencial con un Senado ya elegido. Así lo sostuvo Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, quien señaló que este nuevo diseño político “puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio”. En un contexto reciente marcado por inestabilidad política y aprobación de leyes con bajo estándar, el retorno de la bicameralidad incorpora un contrapeso que no existía bajo el esquema unicameral. 

Según Castilla, la reorganización del Congreso “en dos cámaras introduce un freno interno que el Legislativo nunca tuvo en el ciclo unicameral”. En ese marco, el Senado asumirá una función revisora con capacidad para ratificar, modificar u observar decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en un filtro clave frente a iniciativas que no cuenten con suficiente sustento técnico o que impliquen riesgos institucionales.

Este contrapeso cobra especial importancia frente a propuestas electorales que plantean cambios profundos en el manejo económico del país. El análisis de Videnza advierte que algunas iniciativas buscan “modificar la conducción del Banco Central de Reserva, utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social”, entre otras medidas que implicarían un giro respecto al marco vigente y que generan preocupación por sus eventuales efectos sobre la estabilidad económica.

Frente a este escenario, Castilla advirtió que “el Senado no es una garantía absoluta”, ya que su efectividad dependerá de la correlación de fuerzas políticas que se configure en el nuevo Parlamento. Sin embargo, remarcó que, en un contexto fragmentado, la bicameralidad introduce mayores barreras frente a reformas radicales y podría contribuir a sostener la estabilidad si funciona como un verdadero contrapeso institucional.

Fuente: Videnza e Infobae

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CONGRESO 2026: CINCO NUEVOS PARLAMENTARIOS IMPULSARÁN AGENDA A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL

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CONGRESO 2026: CINCO NUEVOS PARLAMENTARIOS IMPULSARÁN AGENDA A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL

Representantes de Puno, La Libertad, Apurímac y Madre de Dios ingresarán al Parlamento bicameral con vínculos directos al Reinfo y propuestas de formalización.

El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio de 2026, contará con al menos cinco legisladores cuyas agendas priorizan la defensa de la minería informal. Entre los rostros destacados se encuentra Helard Sonco, virtual diputado por Puno, quien es titular de una empresa inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al ser consultado sobre su vinculación con el sector, Sonco manifestó su intención de proteger la actividad local frente a la falta de un marco legal definitivo, señalando que: “Queremos formalizar, pero si tú no cuentas con una concesión, eres un tercero, necesitas un contrato”. Esta postura coincide con la de otros representantes de regiones como La Libertad y Apurímac, donde la minería informal convive con la extracción ilegal.

La bancada de Juntos por el Perú contará con representantes vinculados a este sector en ambas cámaras. Jesús Pérez, dirigente minero de Apurímac, y Hugo Ccahuana, virtual senador por Madre de Dios, han recibido el respaldo explícito de federaciones mineras y sectores de extracción en zonas críticas como La Pampa. Ccahuana reconoció haber mantenido reuniones con mineros de dichas áreas para asegurar su apoyo electoral, afirmando que: “Todo candidato en Madre de Dios ha dado su respaldo a la minería como actividad general”. Especialistas advierten que esta nueva composición parlamentaria buscará justificar futuras ampliaciones del Reinfo bajo la lógica del derecho al trabajo y la inestabilidad política.

A estos nuevos rostros se suman 12 congresistas reelegidos que en el pasado votaron a favor de flexibilizar el marco jurídico contra la minería ilegal y permitieron la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. Según expertos en derecho ambiental, la presencia de estos legisladores en las comisiones de Energía y Minas facilitará la promoción de la Ley MAPE sin criterios técnicos rigurosos. Con más de 84,000 mineros actualmente inscritos en el registro de formalización, el nuevo Parlamento tendrá en sus manos la decisión de extender nuevamente un proceso que, según diversos sectores, ha servido para proteger operaciones que eluden la fiscalización estatal.

Fuente: El Comercio

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