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El “Polisario” pierde otra batalla jurídica, esta vez en el Tribunal de Tarascón en Francia
Como es de esperar, el grupo rebelde de Polisario acaba de sufrir un nuevo retroceso jurídico en Francia después de la sentencia del Tribunal de Tarascón contra una organización sindical francesa usada en acoso judicial contra el acuerdo agrícola entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea.
A pocas semanas del revés infligido por el Alto Tribunal de Londres, el Tribunal de Tarascón (Francia) dictó a su vez, el 14 de junio 2023, una decisión judicial en la que condena a la Confédération Paysanne- sindicato agrícola francés conocido por su alineamiento con las tesis del “polisario”. La Confédération Paysanne está detrás del hostigamiento legal del acuerdo agrícola en Francia.
Los hechos remontan al mes de abril de 2014, cuando la Confédération Paysanne inició una acción judicial ante el Tribunal de Comercio de Tarascon contra la empresa IDYL, una empresa especializada en la comercialización de frutas y hortalizas provenientes de Marruecos, incluidas las Provincias del Sur.
La acción de la Confédération Paysanne pretendía prohibir a esta empresa distribuir estos productos y condenarla a la justicia (sanciones y daños por supuestos daños sufridos). Ante esta acción judicial, la decisión del Tribunal repudió completamente la Confédération Paysanne en toda la línea, dando razón a la Compañía IDYL.
Esta última empresa logró exponer durante el juicio que la acción legal iniciada en nombre de la Confédération Paysanne, es en realidad solo la acción de una minoría no representativa de la Organización, y que de todos modos no tiene legitimación para iniciar un proceso judicial.
Mas allá de los aspectos de procedimiento, algunos dirigentes de la Confédération Paysanne no dudan en sobrepasar los reglamentos de la organización, con un solo objetivo que es llevar acabo un activismo político hostil a Marruecos. En una verdadera negación de la democracia, secuestraron a las autoridades legítimas de la Confédération Paysanne y violaron la voluntad de sus miembros.
En efecto, la empresa IDYL argumentó que la acción legal de la Confédération Paysanne no era admisible porque estaba sujeto a prescripción de plazos reglamentarios. El Tribunal falló a favor de IDYL, dictaminando que el plazo de prescripción efectivamente había pasado. Esto confirma que los objetivos de la Confédération Paysanne eran el activismo político hostil y no la acción legal legítima.
Sobre esta base, el Tribunal condenó a la Confédération Paysanne, otorgando así una victoria legal a IDYL, que estigmatizó las manipulaciones realizadas por ciertos relevos del «Polisario», en interés de partidos conocidos, y por puramente razones políticas.
En efecto, esta condena de la Confédération Paysanne por la Corte de Tarascon es una nueva derrota para los círculos hostiles a Marruecos. La Confédération Paysanne (a la que pertenece el activista José Bové) ha demostrado reiteradamente su hostilidad y su dogmática alineación con las tesis del «Polisario».
Al atacar el acuerdo agrícola, la Confédération Paysanne no buscaba hacer valer los llamados derechos, sino simplemente explotar, por puro oportunismo, una controversia artificial provocada por el Polisario.
Cabe mencionar en este ámbito que la sentencia judicial sólo confirma la verdad y conforta a Marruecos en su derecho, y también confirma, una vez más, la legitimidad de la acción del Reino de Marruecos en sus provincias del sur y la conformidad del desarrollo de los recursos naturales con la legalidad internacional.
La sentencia del Tribunal coincide con la posición que siempre ha expresado Marruecos sobre la legalidad indiscutible de los Acuerdos celebrados con sus socios internacionales y la necesidad de garantizar su seguridad jurídica. Por ende y para el Reino, la sentencia de la Corte de Tarascón es satisfactoria. No reconoció a la Confédération Paysanne ningún derecho con respecto al desarrollo económico de las provincias del sur.
De esta manera, el Tribunal no se dejó arrastrar por la trampa tendida por la Confédération Paysanne y se negó a comentar sobre el fondo del caso. Con este juicio, la Confédération Paysanne es interpelada y devuelta a su verdadera dimensión.
Por otro lado, las relaciones económicas entre Marruecos y la UE en los sectores agrícolas se ven favorecidas por la historia y la proximidad geográfica, que hacen de sus respectivos mercados oportunidades de primer rango para los productos marroquíes y europeos. Desde la entrada en vigor del acuerdo, se ha aplicado con un enfoque de beneficio mutuo, como lo confirman los diversos informes elaborados por la Comisión Europea.
Además de cumplir con el derecho internacional y el derecho europeo, la decisión de la Corte de Tarascon confirma una línea de fondo y consolida la jurisprudencia establecida hace solo unas semanas por el Alto Tribunal de Londres. Este último había destituido efectivamente al «Polisario» y confirmado irrevocablemente la legalidad de los acuerdos concluidos por Marruecos y que cubrían sus provincias del sur.
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Hace más de una semana se dispuso la reincorporación de Juan Varillas, pero la presidenta de la Corte Superior, Miluska Cano, aún no la ejecuta.
Una orden judicial que debía cumplirse de inmediato lleva más de una semana sin ejecutarse. El mandato deja sin efecto la medida que suspendió al juez Juan Varillas Solano y dispone su regreso al Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, no lo ha repuesto. Mientras tanto, el juez suplente sigue a cargo del expediente más sensible del juzgado: la venta de acciones del Grupo El Comercio.
El resultado favorece a una de las partes. El Poder Judicial dejó sin efecto la cautelar que impedía avanzar con la compraventa de acciones, tras considerar que no cumplía los requisitos y que era excesiva. La compra se cerró pocos días después. Esa decisión la tomó el juez que ocupa el despacho de Varillas, a pesar de que, según se supo, la reincorporación del titular ya estaba ordenada.
Lo que decidió la Autoridad de Control
Según fuentes judiciales citadas por La República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que preside Roberto Palacios Bran, habría resuelto reincorporar a Varillas a menos de dos meses de suspenderlo, y la decisión ya habría sido notificada a la presidenta de la Corte de Lima. Se esperaba que el magistrado volviera en cuestión de horas o, a más tardar, entre el lunes y el martes siguientes, pero no ocurrió.
La ANC lo había suspendido por seis meses por presuntas irregularidades al emitir la cautelar que detuvo la venta. En su momento señaló que el documento habría sido redactado fuera de los equipos del Poder Judicial y trasladado en un USB personal.
La versión de la defensa
El abogado Claudio Cajina, abogado de los accionistas minoritarios, informó que la ANC-PJ revocó la suspensión preventiva del juez al comprobar que no existían elementos suficientes para mantenerla, desmintiendo un favorecimiento irregular en la venta de acciones de El Comercio.
Para la defensa, la resolución demuestra que la medida carecía de sustento, por lo que resulta cuestionable que el magistrado siga apartado de sus funciones. Cajina exigió a la administración judicial ejecutar la decisión y reincorporarlo de inmediato, destacando que la independencia judicial exige no apartar a los magistrados sin una causa legal debidamente acreditada.
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SUTEP CALIFICA DE «TOTAL» EL ACATAMIENTO DEL PARO NACIONAL Y ADVIERTE CON IR A HUELGA INDEFINIDA
En una jornada marcada por movilizaciones masivas a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, calificó de «total» el acatamiento del paro preventivo de 24 horas realizado este jueves 29 de octubre.
El dirigente magisterial aseguró que las medidas de amedrentamiento e intimidación impulsadas por el Gobierno nacional —orientadas al descuento de salarios— fracasaron categóricamente frente a la unidad docente.
«El ministro ha fracasado en su intento de amedrentar e intimidar al magisterio. Más de 15,000 docentes hoy están desfilando en las calles de Lima y en igual número en las calles del país. El magisterio ha expresado que tiene dignidad», sostuvo Castro durante la manifestación.
Respaldo masivo en Lima e indignación de la dirigencia
El alto nivel de acatamiento fue ratificado en la capital por Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, quien destacó que fueron mínimos los docentes que decidieron no acatar la medida frente a las demandas desatendidas. Ante la próxima discusión del presupuesto nacional en el Parlamento durante el mes de noviembre, Meza hizo un llamado directo a las autoridades:
«El Gobierno tiene que entender y los congresistas tienen que entender que la escuela pública tiene necesidades», enfatizó.
En esa misma línea, Maruja Leyzaquía, Secretaria de Equidad y Género del SUTEP, manifestó el profundo malestar de los maestros ante el abandono histórico de los sucesivos gobiernos, sumado a la postura de la actual gestión:
«Mientras más saquen políticas de amedrentamiento como esta, de sancionar al magisterio, la indignación se va a visibilizar aún más en las calles», aseveró Leyzaquía.
A las movilizaciones se sumaron diversos docentes cesantes y jubilados con más de 30 años de servicio, quienes alzaron su voz para exigir la publicación inmediata del reglamento de la Ley 32581, norma que busca garantizar pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.
«Hemos dado toda nuestra vida, nuestra juventud, y ahora somos olvidados. […] Que el Gobierno escuche el grito del SUTEP», expresaron los manifestantes, enfatizando que tras una vida entera de servicio merecen una vejez con dignidad y justicia social.
Acercamiento con el Congreso y advertencia de huelga indefinida
Durante la jornada de protesta, la dirigencia del SUTEP sostuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo. Tras recibir al gremio, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que asumirán un rol articulador entre las partes:
«Los senadores somos el puente entre la demanda del pueblo a través de los docentes para que el Ejecutivo escuche y dialogue. Eso es lo más importante”, indicó López-Chau en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Pese al diálogo iniciado con el Congreso, Lucio Castro fue enfático al señalar que esta medida de fuerza tiene un carácter preventivo, pero advirtió que de no hallarse soluciones concretas, el gremio radicalizará sus acciones.
«Si no hay solución, hay huelga nacional. Está avisado el Gobierno, está avisado el Estado», sentenció el dirigente gremial.
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