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-La congresista juerguera es parte de una universidad cerrada por Sunedu que debe más de S/ 100 mil

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Nadie sabe cuánto costó el tonazo que la otoronga de Avanza País, Rosselli Amuruz Dulanto, armó en plena pandemia. Lo que sí sabemos es que tranquilamente pudo utilizar ese billete gastado en ayudar a pagar la arrugaza que la empresa a la que pertenece tiene con el Estado: nada más y nada menos que 119 mil 663 soles.

Intervención: Útero.Pe

En este útero queríamos reactivar la economía, así que quisimos contactar a la congresista juerguera para que nos recomiende a sus organizadores. Nos pusimos a sapear su hoja de vida y encontramos que, desde el 2015 hasta la actualidad, es vicepresidenta del directorio de la Universidad Politécnica Amazónica. ¿De la universidad poli qué? De una universidad a la que la Sunedu le quitó la licencia en 2020 por no cumplir con los estándares de calidad:

Imagen: Sunedu

Y justo en el Congreso quieren darle una nueva oportunidad a las universidades con licencia denegada. ¡Qué suerte! Imagen: Sunedu

Cuando Rosselli tenía 28 años (2015) pasó a formar parte del directorio de esa casa de estudios (que por entonces se llamaba Universidad de la Amazonía Mario Peláez Bazán SAC) y en 2020 fue ratificada en su puesto de vicepresidenta. Según los registros de Sunarp que este útero revisó, la congresista tiene ese cargo hasta la actualidad.

Este fue el último

Este fue el último directorio de la exuniversidad que figura en Sunarp.

No es su único puesto en la universidad clausurada. Desde 2015 también es apoderada de la empresa, con facultades administrativas, laborales y educativas. Así está consignado en Sunarp y en Sunat.

Imagen: SUNAT

Imagen: SUNAT

¿Y cuál es el problema con que la congresista trabaje en esa empresa? ¡Ya basta de bullying cibernético marxista!

Resulta que la compañía —de la que Rosselli es apoderada y miembro del directorio— le debe a la SUNAT un total de 119 mil 663 soles. Según información actualizada este mes (al 20 de agosto de este año), la desaparecida universidad debe ese monto al tesoro público, Essalud y ONP por los periodos tributarios del 2020 y del 2021.

Imagen: SUNAT

Asu, la lista de arrugas es más larga que la lista de invitados a su tonazo. Imagen: SUNAT

Lo que se hereda…

La congresista admira «muchísimo» a un expolítico que «es su héroe, su guía y su gran referente»: su padre, Roger Amuruz Gallegos, un empresario universitario y excongresista fujimorista de los 90. «En buena hora (estuve con el fujimorismo), pero no me he corrompido. Yo estuve en el lodo, pero he salido limpio», dice él sobre su pasado naranja.

Imagen: Facebook de la congresista

Papá exfuji, hija desotista. Imagen: Facebook de la congresista

El exotorongo acompaña a la hija otoronga en el mismo directorio de la universidad clausurada que debe más de 100 mil soles al Estado: es presidente del directorio desde diciembre del 2019, según la información que revisamos en Sunarp.

Imagen: Sunarp

El último directorio de la empresa. Imagen: Sunarp

La universidad no es la única empresa en la que padre e hija han trabajado juntos. En febrero del 2013, ambos fundaron Rag Holding SAC, una compañía familiar dedicada al negocio inmobiliario, hotelero, tecnológico y educativo. Rosselli también fue apoderada de ese negocio desde octubre del 2016.

Y hasta hace poquito nomás (según información actualizada de Sunat al 13 de agosto del 2021), Rag Holding también le debía 81 mil 13 soles al tesoro público por el periodo tributario del 2017. Sin embargo, ya no hay ninguna deuda coactiva pendiente.

La deuda coactiva que tenía hasta este mes. Ya no hay más. Imagen: SUNAT

La deuda coactiva que tenía hasta este mes. Ya no hay más. Imagen: SUNAT

Pero la arrugaza que aún queda pendiente es la de la UPA, la de más de cien mil soles. A ver si la congresista ayuda a reactivar la economía, pero no con tonazos, sino saldando deudas.

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Tensión en el CAL: Directiva rechaza «contrataciones injustificadas» y «presiones» del Comité Electoral

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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió hoy un contundente comunicado en respuesta a los requerimientos realizados por la Dra. Tania Paliza Toscano, presidenta del Comité Electoral, marcando una clara posición en defensa de la austeridad y la responsabilidad fiscal de la institución de cara al proceso electoral de 2026.

El punto del conflicto: Nuevas contrataciones

Según informó la institución, la disputa surge a raíz de una solicitud presentada por Paliza Toscano, quien exigió la contratación de tres nuevas personas con honorarios de S/ 3,800 cada una, además de la asignación de nuevo mobiliario, equipos y espacios exclusivos.

La Junta Directiva del CAL calificó estos pedidos como desproporcionados, argumentando que las funciones del Comité Electoral «no requieren dedicación exclusiva ni jornada a tiempo completo».

«La solicitud adicional… no guarda proporción con las necesidades reales del Comité Electoral», señala el documento oficial.

La solución del CAL y la respuesta del Comité

Para garantizar el soporte necesario sin afectar el presupuesto, el CAL informó que ya ha atendido el pedido poniendo a disposición personal de planilla. Se ha designado formalmente a tres abogados de planta para brindar el apoyo técnico y administrativo, asegurando el funcionamiento operativo del Comité sin incurrir en gastos extras.

No obstante, el comunicado advierte sobre intentos de presión por parte de la presidenta del Comité Electoral:

  • Se le acusa de insistir en contrataciones que el CAL considera «injustificadas».
  • Se menciona que Paliza habría advertido con emitir comunicados a los agremiados para «forzar decisiones administrativas».

Exigencia de transparencia y rechazo al «compadrazgo»

En un tono firme, el Colegio de Abogados de Lima solicitó a la Dra. Paliza que remita el detalle de los gastos proyectados para el proceso electoral, con el fin de asegurar la transparencia y la razonabilidad presupuestal.

El comunicado concluye con un rechazo tajante a cualquier tipo de maniobra política interna:

«El Colegio de Abogados de Lima rechaza cualquier intento de compadrazgo político o presión indebida, y reafirma su compromiso con la institucionalidad, la correcta administración de los recursos y la defensa de los intereses de todos los agremiados.»

Con esta medida, el CAL busca blindar las arcas de la institución mientras garantiza el desarrollo técnico del próximo proceso electoral.

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Publican los resultados iniciales de las elecciones primarias desarrolladas mediante delegados –

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado la publicación del avance de resultados de las elecciones primarias desarrolladas a través de delegados, habilitando un enlace directo en su sitio web institucional.

Este proceso electoral, que involucra a 37 organizaciones políticas, incluyendo 34 partidos y 3 alianzas electorales, se beneficia del uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para garantizar la rapidez y la transparencia del cómputo.

Los resultados se irán actualizando progresivamente a medida que concluya el escrutinio en las mesas de sufragio correspondientes.

La ONPE, organismo electoral encargado de la organización y el cómputo de este proceso, precisó que la información se dará a conocer tan pronto como se finalice el escrutinio en cada mesa. Para tal efecto, se está utilizando la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), una herramienta que ya fue empleada en las elecciones primarias vía afiliados realizadas el 30 de octubre.

Esta tecnología permite registrar la información y emitir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, además de generar los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados.

El uso de la STAE ha permitido reducir significativamente las actas observadas por errores de transcripción manual, agilizando la elaboración de documentos y facilitando la obtención y transmisión inmediata de los resultados desde los locales de votación hasta la sede central de la ONPE.

Como medida de transparencia en el procesamiento de los resultados, la ONPE ha dispuesto una sala en su centro de cómputo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan visualizar y supervisar todas las actividades de procesamiento.



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